El gobierno italiano de la dirigente derechista Giorgia Meloni aprobó un proyecto de ley que incorporará por primera vez la definición legal de femicidio en el código penal del país y lo castigará con cadena perpetua.
A contramano de Javier Milei, el gobierno de Giorgia Meloni aprobó un proyecto de ley que incorpora la figura de femicidio
La primera ministra italiana anunció la iniciativa, con una fuerte defensa en contraposición a la posición del mandatario argentino, que deberá pasar por ambas cámaras del Parlamente para su aprobación.
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La líder de extrema derecha, Giorgia Meloni, sorprendió con la iniciativa.
La propuesta fue acordada el viernes por la noche en la víspera del Día internacional de la mujer, que se conmemoró este 8 de marzo y que visibilizó los delitos de género, los asesinatos, los abusos y demás crímenes que suceden tanto en Italia como alrededor del mundo.
Aún necesita pasar por el Parlamento y ser aprobada por ambas cámaras para convertirse en ley. “Este es un proyecto de ley extremadamente importante, que integra el delito de femicidio en nuestro sistema legal como un delito autónomo, castigándolo con cadena perpetua”, afirmó la primera ministra conservadora Giorgia Meloni, quien respaldó firmemente la iniciativa.
“Introduce circunstancias agravantes y aumenta las penas por delitos que incluyen maltrato personal, acoso, violencia sexual y pornografía de venganza”, agregó en un comunicado Meloni, aliada del presidente Javier Milei aunque distanciada en este punto, ya que el líder libertario busca eliminar la figura de femicidio.
Los ministros de Justicia, Carlo Nordio; Interior, Matteo Piantedosi; Familia, Natalidad e Igualdad de Oportunidades, Eugenia Roccella; y de Reforma Institucional y Simplificación Normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, fueron los impulsores del proyecto de ley, aprobado en el consejo con el firme aval de la premier Meloni.
El proyecto prevé además medidas para proteger a las víctimas, como por ejemplo la audiencia obligatoria de la persona señalada por el fiscal o en los casos que sea requerido, la aplicación de la prisión preventiva del imputado, ya sea en la cárcel o bajo la modalidad de arresto domiciliario, entre otras disposiciones.
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