Industriales Pymes Argentinos (IPA) presentó un proyecto de Ley de Salvataje Nacional destinado a asistir a las micro, pequeñas y medianas empresas frente a la crisis económica, con medidas orientadas a reducir costos, sostener el empleo y recuperar el consumo interno.
Pymes impulsan una Ley de Salvataje Nacional para frenar despidos, aliviar costos y reactivar el consumo
Industriales Pymes Argentinos presentó un proyecto de emergencia con beneficios tarifarios, fiscales, laborales y productivos.
La iniciativa propone declarar la emergencia para las MiPyMES y se estructura sobre cuatro ejes: tarifario, impositivo, productivo y laboral. “El proyecto puede convertirse en una herramienta clave para frenar el cierre de empresas, sostener el empleo y recuperar el consumo interno”, afirmó el presidente de IPA, Daniel Rosato.
Entre los principales puntos, el texto establece una reducción del 50% en las tarifas de energía eléctrica, gas y agua para las MiPyMES, además de una rebaja del 50% del IVA aplicado a esos servicios cuando estén destinados exclusivamente a procesos productivos.
En materia fiscal, el proyecto crea un régimen excepcional para regularizar deudas tributarias, previsionales y aduaneras. Para las microempresas contempla la condonación total de multas e intereses, planes de pago extendidos y la exención del impuesto al débito y crédito bancario.
La propuesta también incorpora medidas para apuntalar el mercado interno. Entre ellas, un reintegro equivalente al 25% del IVA para consumidores que compren productos de primera necesidad en PyMEs y líneas de créditos blandos para empresas y trabajadores.
“No solo las grandes empresas necesitan beneficios. Las Pymes y la sociedad en su conjunto merecen herramientas impositivas y financieras para recuperarse”, sostuvo Rosato.
Otro de los ejes apunta a acelerar los pagos del Estado a proveedores PyME, con un plazo máximo de 30 días corridos. Además, supermercados e hipermercados deberán destinar al menos el 30% de sus góndolas a productos elaborados por empresas nacionales.
El proyecto también condiciona el acceso a los beneficios al mantenimiento de los puestos de trabajo. Según el texto, las empresas que realicen despidos sin causa quedarán excluidas del régimen.
“Convocamos a los diputados y senadores oficialistas y aliados al Gobierno a que se transformen en un canal de diálogo para mostrarle al presidente Javier Milei y a sus funcionarios que esta iniciativa no es opositora”, planteó Rosato, quien advirtió sobre “la multiplicación de los despidos” y el impacto del derrumbe del consumo interno.
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