Alquilar en el AMBA, cada vez más difícil: contratos más cortos y aumentos más frecuentes

A casi un año de la derogación de la Ley de Alquileres, primer punto del Decreto 70/2023 del presidente Javier Milei, las condiciones de los inquilinos en el principal aglomerado urbano del país han empeorado en casi todos los aspectos.

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  • Una encuesta de inquilinos reveló que, a casi un año de la derogación de la Ley de Alquileres, primer punto del Decreto 70/2023 del presidente Javier Milei, las condiciones de alquiler en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) han empeorado en casi todos los aspectos, con contratos más cortos y aumentos más frecuentes, mientras "la situación económica de esta población se vuelve cada vez más frágil".

    "El proceso de inquilinización producto del encarecimiento del suelo urbano y de la escasez de crédito hipotecario, entre otros factores, se dio de forma acelerada en los últimos años", comienza el informe realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Escuela Interdisciplinaria de Alto Estudios Sociales (IDAES) de la UNSaM, el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR) del Conicet y el Instituto de Geografía de la UBA.

    "Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), entre 2017 y 2023 la tasa de hogares inquilinos en el AMBA subió del 15,8% al 18,4%. Si se tiene en cuenta solamente la ciudad de Buenos Aires, el salto fue aún mayor: del 29,5% al 36%", detallaron.

    "A partir de la liberalización del mercado de alquileres ya no existen plazos mínimos, moneda, ni frecuencia de actualización legales", destaca el informe.

    La precarización de las condiciones no es nueva: los resultados de la encuesta muestran que, ya antes de la derogación, la mitad de los contratos de alquiler no respetaban la ley vigente. Sin embargo, "a partir de la derogación, las condiciones contractuales empeoraron aún más". "Desde 2024 los hogares inquilinos firman contratos por períodos más cortos. El porcentaje que firmó contratos por tres años de duración, el plazo establecido por la ley derogada, se redujo a la mitad: del 40% al 20%", ejemplifica el trabajo.

    La disminución de los contratos, la reducción de la duración de los contratos y los incrementos más frecuentes del precio de alquiler aumentaron respecto al año anterior, y esto aumenta el pesimismo: son más los que piensan que van a vivir en una vivienda igual o peor que la actual (+10% respecto a 2022).

    Por otro lado, la encuesta muestra una situación económica cada vez más precaria de la población inquilina: el 62% de los hogares inquilinos declara ingresos por debajo de la línea de pobreza. Además, casi el 40% destina más de la mitad de sus ingresos a pagar el alquiler (6% más que el año pasado), el 60% está atrasado con el pago de los servicios básicos de los hogares y aumentó, también 6%, la cantidad de hogares que se endeudó para poder pagar el alquiler. Los hogares sostenidos por mujeres se encuentran más endeudados con empresas, bancos, comercios y familiares.

    Los inquilinos destinan cada vez más porcentaje de su sueldo a alquilar.

    Esto se enmarca en "la decisión del Gobierno nacional de quitar subsidios y habilitar aumentos de los bienes y servicios esenciales del sostenimiento de la vida", con un incremento del 374% del costo de los servicios desde diciembre, explicado principalmente por las actualizaciones de las tarifas del transporte, la energía eléctrica, el agua y el gas.

    "A partir de la liberalización del mercado de alquileres ya no existen plazos mínimos, moneda, ni frecuencia de actualización legales. Se trata de una situación casi inédita en las ciudades del resto del mundo. Esto se hizo a través de un decreto de necesidad y urgencia, una herramienta prevista para circunstancias excepcionales que impidan el normal funcionamiento del Congreso. Sin embargo, la ley había sido discutida y modificada por el Parlamento apenas dos meses antes", señala el informe.

    "Mientras que en otras ciudades del mundo se aplican medidas que protegen a la parte más débil de la relación contractual, el actual gobierno nacional dispuso una radical desregulación del mercado de alquileres y, como gestiones anteriores, omite toda política en beneficio de la población inquilina. Esto, según los datos relevados, repercute sobre los marcos mínimos de previsibilidad con los que debería contar un sector cada vez más numeroso y que tiene cada vez más dificultades para acceder a una vivienda digna", concluye.

    Las preocupantes cifras de los inquilinos del AMBA

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