Tucumán: identificaron los restos óseos de dos personas desaparecidas hallados en el Pozo de Vargas

De los nuevos, uno era Carlos Santillán, quien tenía 28 años cuando fue secuestrado el 11 de julio de 1976 en su casa ubicada en La Banda del Río Salí, durante en un operativo ilegal de las Fuerzas Armadas. Santillán trabajaba como jornalero en el Ingenio San Juan y pertenecía a la Compañía Nacional Azucarera S.A. (Conasa).

La segunda nueva identificación corresponde a uno de los hermanos Arévalo, Alfredo o Domingo, oriundos de Los Juríes, provincia de Santiago del Estero, de donde fueron secuestrados el 1 de marzo de 1976 y trasladados a Tucumán. Ambos fueron vistos por última vez en el centro clandestino de detención montado en la Jefatura de Policía de esa ciudad. Junto a Alfredo y Domingo también fue secuestrado Alberto, otro de los hermanos Arévalo.

"Desde el punto de vista antropológico, las características etarias observadas en los restos óseos son compatibles con Alfredo y Domingo Arévalo, sin embargo por la poca diferencia de edad entre ambos no es posible hacer una distinción", indicó el informe del EAAF.

El padre de los hermanos, Emilio Confesor, y el hermano menor, Antonio, habían sido secuestrados el 29 de febrero de 1976, en Maquinista Savio, en la zona norte del Gran Buenos Aires.

El Pozo de Vargas es la fosa de inhumación clandestina con mayor número de identificaciones de la Argentina, está ubicada en la ciudad tucumana de Tafí Viejo y funcionó durante el terrorismo de Estado. Con 40 metros, en primer momento se encontraba dentro de una finca privada que pertenecía a Antonio Vargas y fue construido originalmente para proveer de agua a las antiguas locomotoras a vapor.

A partir de los testimonios de Pedro Mercado, Juan Carlos Díaz y Santos Molina, quienes indicaron que el pozo era utilizado para ocultar los cuerpos de personas que habían sido secuestradas y asesinadas durante el Operativo Independencia y la posterior dictadura militar, se inició a fines del 2001 el primer relevamiento de la zona.

El informe con las denuncias sobre la existencia de un pozo de inhumación clandestina se presentó en el Juzgado Federal de Tucumán, lo que dio lugar a una pericia en abril de 2002 y el comienzo de la investigación allí.

El 10 de febrero de 2023, la Fundación Memorias e Identidades de Tucumán informó en un documento que la investigación de la denominada "Causa Pozo de Vargas", luego de 20 años de trabajo "ha llegado al final de la excavación".

"De acuerdo con las últimas informaciones provistas por el Juzgado Federal II, bajo el mando de Fernando Poviña, que tiene a cargo la causa, se ha terminado de extraer todo el material óseo que se encontraba en el interior del pozo, material que ahora será analizado por los peritos del EAAF", indicó el texto.