La familia de Vanesa Castillo, docente que fue asesinada en 2018 en Santa Fe, atraviesa un duro momento ya que deberán afrontar los gastos del juicio que llevan adelante contra el femicida de la mujer, Juan Ramón Cano, porque éste es insolvente y no puede pagar los 450 mil pesos que representa todo el proceso.
Insólito: la familia de una mujer asesinada tendrá que pagar el juicio porque el femicida es insolvente
El condenado por el femicidio de Vanesa Castillo tenía que pagar los costos del juicio pero como es insolvente los abogados le van a cobrar a la hermana de la víctima.
"Hoy somos víctimas de la encerrona de un sistema judicial que parece hecho para revictimizarnos", así encabezó el posteó Silvia Castillo en redes sociales, hermana de la docente que fue asesinada a puñaladas a la salida de una escuela de Alto Verde, en febrero de 2018.
Además, expresó: "El sistema de acceso a la Justicia, que hoy mi madre y yo nos encontramos en la situación de tener que afrontar las costas del juicio, donde Juan Ramón Cano fue sentenciado y condenado por el femicidio de Vanesa Castillo es perverso".
Juan Ramón Cano condenado a prisión perpetua por el femicidio de Castillo en 2020 y la sentencia le ordenaba asumir los honorarios del juicio y de la apelación. Pero la Justicia declaró al femicida insolvente, por lo que la ley de honorarios profesionales prevé, que se puede requerir el pago a la querella, independientemente de lo que diga la sentencia. Por ese motivo le reclaman el pago a la familia Castillo.
A raíz de ello, la hermana de la víctima salió a pedir ayuda: "Los abogados nos notificaron de la regulación de honorarios, que claramente tienen derecho a cobrar por el trabajo realizado. Pero nosotros no tenemos por qué ni cómo pagarlo. Necesitamos una mano para afrontar esta deuda que deduciendo lo que que fue abonado con la colaboración de Amsafé Provincial en 2018, resulta la suma de 45 JUS en $404.425 más aportes, lo que hace un total de $457.000, por eso hacemos una campaña para recaudar el dinero necesario para cubrir este reclamo".
"Queremos sensibilizar a la ciudadanía, a las autoridades, gobernantes y legisladores que tienen el poder de cambiar esta situación, las familias de las víctimas necesitamos la representación legal otorgada por el Estado, tal como le es garantizado al imputado de cualquier delito o crimen", agregó.
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