Los padres de Lucas González y su abogado querellante, Gregorio Dalbón, pidieron al Consejo de la Magistratura el juicio político para el juez Martín del Viso a cargo de la causa por el asesinato del joven jugador de Barracas Central en la que hay una docena de policías de la Ciudad detenidos.
Caso Lucas González: piden la remoción y suspensión del juez Del Viso por "mal desempeño" y "prevaricato"
Los padres del joven asesinado en Barracas solicitaron al Consejo de la Magistratura el juicio político para el magistrado luego de decisiones que la querella considera de "alto riesgo procesal".
La denuncia contra el juez es por supuestamente haber incurrido en “mal desempeño de sus funciones y prevaricato”, por lo que se pidió la apertura del proceso tendiente a la remoción, que se ordene la suspensión y la acusación ante el jurado de enjuiciamiento.
La presentación fue firmada por Cintia López y Mario González con el patrocinio de Dalbón ante el presidente del Consejo de la Magistratura Diego Molea.
Del Viso investiga el homicidio de Lucas y el encubrimiento del hecho por parte de efectivos de la Policía de la Ciudad y la privación ilegítima de la libertad de los menores amigos del joven asesinado.
Para la querella, Del Viso comete mal desempeño al rechazar la detención de varios policías de la Ciudad que habrían actuado en el encubrimiento del asesinato, y que fue solicitada tanto por el fiscal Leonel Gómez Barbella, como por el letrado que impulsa el caso.
La denuncia se refiere especialmente a cinco pedidos de detención presentados a fines de enero y que fueron rechazados por Del Viso. Entre ellos está el comisario mayor Fabián Lencina, el de mayor jerarquía, y dos abogadas, Verónica Andraca de la División de Asuntos Penales y Contenciosos de la Policía de la Ciudad, y Silvia Ozón, de la División de Jurídicos del Ministerio de Seguridad porteño.
En ese pedido rechazado también figuran los oficiales primero Pablo Granara, del Departamento Operaciones Urbanas de Contención, y Lucas Varas, de la comisaría vecinal 4D, en principio imputados por estar enterados de la maniobra y no denunciarla. Ambos chatearon con el principal Héctor Cuevas, que está detenido.
De la transcripción del celular de Granara en diálogo con Cuevas al día siguiente le dice: “Lo que hicieron los polis no tiene nombre”; “unos dementes”; “Encima le ponen una pistola de juguete”; “Dejate de joder”. Y poco después agrega: “En estos momentos tienen que estar en Paraguay”, a lo que Cuevas contestó “Yo fui el primero en llegar”; “Y vi todo”; “Lo que hicieron”.
En la compulsa realizada en el teléfono de Cuevas, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) logró identificar conversaciones en las que Lucas Varas le preguntó “Tenía una réplica como decía el poli??” y Cuevas contestó “Se la pusieron”.
Asimismo, Varas le remitió imágenes que fueron eliminadas por Cuevas, a las cuales este último respondió “Los pibitos se asustaron”. Seguidamente, Varas le preguntó “Esta vivo todavía?” y Cuevas manifestó “los 3 dispararon casi 20 tiros. Esta con muerte cerebral. La abogada me dijo que esto se da vuelta”.
El juez, según el escrito, “no consideró que en dicha causa ya se tiene por probado que varios imputados han intentado lograr su impunidad mediante actos ilícitos y encubrimiento, motivo por el cual resulta de un alto riesgo procesal que Andraca, Lencina, Ozón, Granara y Varas continúen en libertad durante el proceso penal”.
De acuerdo a la denuncia, “la Fiscalía ha logrado dejar plasmado en el expediente que todos los imputados conocían los actos ilícitos perpetrados por las fuerzas de seguridad, que fueron parte necesaria en éstos y que tenían como finalidad ocultar información con el fin de procurar que los mismos queden impunes”, dice el escrito.
“El juez del Viso dictó resoluciones arbitrarias, infundadas, basadas en hechos falsos, en las que indicó que las solicitudes formuladas por la parte acusadora se trataban de meras conjetura, dejando de lado los informes técnicos realizados por la DATIP y demás organismos, y sin tener en consideración la peligrosidad procesal que conlleva mantener en libertad a imputados que formaron parte de un ardid delictual que termino con la vida de un niño de 17 años y mantuvo en privación ilegal de la libertad a menores de edad”, consigna la presentación.
La semana pasada, el juez del Viso rechazó otro pedido de detención de las policías femeninas Micaela Soledad Fariña y Lorena Miño, quien estarían ubicadas en un punto central del encubrimiento relacionada con el arma de juguete plantada a los chicos.
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