RIGI: denunciaron a Caputo por el ingreso de una empresa e investigan su vinculación con una petrolera sancionada por operar en Malvinas

La presentación pide investigar la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación en perjuicio de la administración pública, sin perjuicio de otras figuras que puedan surgir durante la investigación.

El planteo pone bajo la lupa la participación de Harbour Energy, que según la denuncia posee el 15% de Southern Energy y estaría vinculada societariamente con Premier Oil PLC, una compañía que fue inhabilitada en 2013 para desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina.

La denuncia sostiene que esa inhabilitación, dispuesta mediante la Resolución 481/2013 de la Secretaría de Energía, tenía una duración de 15 años, por lo que se encontraba vigente hasta 2028.

Qué controles hizo el Gobierno

La presentación busca determinar qué información entregó Southern Energy al Estado y, fundamentalmente, qué controles realizaron los funcionarios antes de aprobar su incorporación al RIGI.

Según la denuncia, Premier Oil cambió su denominación y pasó a llamarse Harbour Energy, aunque se pide reconstruir documentalmente la continuidad de esa estructura empresarial.

“Corresponde determinar qué información fue proporcionada por la sociedad, qué controles realizaron los funcionarios intervinientes y si la aprobación del beneficio resultó incompatible con las prohibiciones establecidas por la Ley N° 26.659”, sostiene la presentación.

El antecedente que originó la sanción está relacionado con actividades hidrocarburíferas desarrolladas alrededor del proyecto Sea Lion, en las proximidades de las Islas Malvinas. La denuncia pide establecer, además, si aquella inhabilitación fue posteriormente levantada, suspendida o modificada y, en ese caso, mediante qué acto administrativo.

Caputo y Tettamanti, bajo la lupa

Southern Energy presentó su solicitud para ingresar al RIGI el 21 de noviembre de 2024. El trámite terminó con la Resolución 559/2025 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo el 29 de abril de 2025, que aprobó la incorporación del proyecto como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo.

La denuncia destaca que la propia resolución identificaba a Harbour Energy como accionista de Southern Energy. Cuatro días antes, la Secretaría de Energía había dictado la Resolución 165/2025, mediante la cual autorizó a Southern Energy la libre exportación de gas natural licuado. Allí también aparecía Harbour Energy como integrante del accionariado.

Por eso, la denunciante afirma que la presencia de Harbour Energy “no era desconocida para los funcionarios públicos” al momento de tomar las decisiones.

Una ley que, según la denuncia, es clave

Otro de los ejes de la presentación es la Ley 26.659. Según sostiene Cassola, la norma no solamente establece restricciones para determinadas actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina, sino que también alcanza a accionistas de empresas sancionadas y establece restricciones para la contratación por parte del Estado Nacional.

Por eso, pide investigar si los funcionarios verificaron los antecedentes de Harbour Energy y si existía algún acto posterior que hubiera modificado los efectos de la sanción de 2013.

“Resulta indispensable determinar qué controles realizaron los funcionarios que intervinieron en el trámite de Southern Energy”, señala la denuncia, y agrega que debe establecerse qué documentación respaldó la conclusión de que la empresa cumplía con los requisitos para acceder al RIGI.

¿Hubo información falsa o incompleta?

La presentación también apunta a la actuación de los representantes de Southern Energy y Harbour Energy.

En ese sentido, solicita determinar si se proporcionó “información falsa, incompleta o engañosa” sobre la composición accionaria de Southern Energy, sus antecedentes o la vinculación entre Harbour Energy y Premier Oil, con el objetivo de obtener la adhesión al RIGI y sus beneficios.

La denunciante plantea que, si se comprobara una maniobra de esas características, debería analizarse la posible configuración del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública.

Qué quiere investigar la denuncia

El escrito solicita una batería de medidas de prueba. Entre ellas, reclama al Ministerio de Economía el expediente administrativo completo de la incorporación de Southern Energy al RIGI, incluyendo la documentación presentada por la empresa, declaraciones juradas, información sobre accionistas y beneficiarios finales, dictámenes, informes y las actuaciones del Comité Evaluador.

También pide información a la Secretaría de Energía, Cancillería, ARCA, Banco Central, Comisión Nacional de Valores y a las propias Southern Energy y Harbour Energy.

Uno de los objetivos es reconstruir la historia societaria de Harbour Energy y Premier Oil y establecer si existe continuidad jurídica entre ambas compañías. Para eso, incluso se solicita documentación registral histórica mediante los canales de cooperación internacional correspondientes.

Finalmente, se pide designar un perito contador para determinar qué beneficios económicos, fiscales, aduaneros y cambiarios obtuvo Southern Energy como consecuencia de su adhesión al RIGI, discriminando períodos, conceptos y montos.

El objetivo, según la presentación, es establecer si existió y, eventualmente, cuantificar un “perjuicio patrimonial para el Estado Nacional”.

Tras el sorteo, la denuncia recayó en el juzgado federal 10 a cargo de Julián Ercolini.