El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recusó este martes al juez porteño Roberto Andrés Gallardo por supuesta falta de imparcialidad, luego de que el magistrado ordenara el cese de "cualquier operatoria policial directa o indirectamente vinculada con la custodia de la persona, familia y/o domicilio" de la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Vallado en Recoleta: el Gobierno porteño recusó al juez Gallardo
Desde la Ciudad argumentan una supuesta falta de imparcialidad, luego de que el magistrado ordenara el cese de "cualquier operatoria policial" vinculada con la custodia de la vicepresidenta Cristina Kirchner. La audiencia prevista para mañana con los ministros de Seguridad Aníbal Fernández y Marcelo D'Alessandro sigue en pie.
La recusación fue presentada cerca de las 18 por vía remota y no generaría efectos sobre la audiencia prevista para este miércoles a las 9, a la que fueron convocados los ministros de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, indicaron fuentes judiciales.
Para las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el juez Gallardo habría dispuesto medidas que exceden los planteos formulados en los distintos recursos de amparo presentados después de que le policía porteña instalara un vallado en las inmediaciones del edificio del a vicepresidenta de la Nación.
Los argumentos de la Ciudad para recusar al juez Gallardo
El abogado Ricardo Scordo, apoderado del Gobierno porteño, sostuvo en la recusación a Gallardo que el magistrado actuó con "falta de imparcialidad" y que "ha ordenado una serie de medidas judiciales que ninguna de las partes ha solicitado y que nada aportan al planteo efectuado por la parte actora, excediendo el objeto procesal de las presente actuaciones judiciales".
"Como acostumbra suceder en las causas que tramitan ante ese Tribunal, el Magistrado ha decidido suplir la actividad que le compete a los litigantes, confundiendo su rol de director del proceso con el de parte", sostuvo el abogado de la Ciudad en la presentación.
El Gobierno porteño acusó al juez Gallardo de haber ordenado que el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño "abandone las funciones de seguridad en el área geográfica de las calles Uruguay y Juncal y aledaños conforme lo determine las fuerzas de seguridad federal", a pesar de que la resolución del magistrado incluía párrafos específicos en los que indicaba que nada de eso se estaba ordenando.
"Con su accionar, el sentenciante ha demostrado un apartamiento manifiesto de las reglas del debido proceso, ya que amplía a discreción el objeto del proceso, permitiendo traer a discusión cuestiones que son absolutamente improcedentes y no fueron planteadas oportunamente por las partes", señaló el gobierno porteño en el escrito.
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