En 2008, cuando los ecos del conflicto del campo aún golpeaban al primer gobierno de Cristina Kirchner, una idea se instaló en los sectores más concentrados de lo que genéricamente llamamos “el campo”: generar una cantidad significativa de candidaturas para las legislativas del año siguiente que garantizaran representatividad y evitara los intermediarios de la política. Así, serían los propios dirigentes del campo los que defendieran en el Congreso -en principio- sus propios intereses facciosos.
Se adivinaba un futuro distinto del que fue y muchos vaticinaron poca sobrevida al recién iniciado gobierno y a la experiencia kirchnerista en general. Casi una década y media después podríamos decir que una parte del objetivo se cumplió a pesar de la dilación y otra tuvo resultados paradójicos.
Es cierto que a partir de 2015 las patronales agrarias más vinculadas al sector exportador tuvieron un gobierno afín y un representante cabal en el ministro Luis Miguel Etchevehere pero la idea de permear la política con hombres de campo tuvo una vuelta distinta. Las lides del ágora pública no son siempre hospitalarias para quienes están más acostumbrados a mandar que a consensuar y el carácter hereditario de la tierra predispone mal para someterse a voluntades populares. Por alguna de estas cosas el flujo hacia los partidos menguó pero tuvo como contrapartida que algunos dirigentes y estrategias viajaron desde la política partidaria a las entidades agrarias. Hoy, las convocatorias están repletas de consignas, de ideas y elementos extraños al campo y mucho más cercanos a la coyuntura.
En el tractorazo de ayer mucho de esta realidad se pudo ver incluso desde su propia convocatoria. La Sociedad Rural de Rosario arengó con esta parrafada en los días previos: “En defensa del derecho a trabajar, comerciar y expresarse libremente, a recibir educación y a enseñar, garantizando la salud pública, la seguridad y con una Justicia independiente”. Tamaño menjunje de razones sólo es explicable por otro fragmento del mismo panfleto: “Por el respeto a la República y el futuro de todos los ciudadanos, demandamos terminar con las presiones impositivas confiscatorias, recortar el desmesurado gasto público y consolidar el derecho a la propiedad privada”.
Se debe tener en cuenta que el tractorazo no tuvo gran apoyo ni de los medios ni de la política hasta que el gobierno anunció el potencial proyecto para gravar a quienes tuvieron ganancias extraordinarias e inesperadas por los acontecimientos de los últimos tiempos. Impuesto que no afecta a la inmensa mayoría de quienes ayer protestaron pero sí a varios de los formadores de opinión y de precios de nuestro país.
Estas medidas -que se están tomando en la mayoría de los lugares del mundo- buscan paliar uno de los principales problemas de nuestro país. La Argentina no es un país pobre. Es un país intolerablemente desigual. Y quienes visten de indignación moral y republicana lo que en realidad es defensa de los intereses de unos pocos, le hacen un flaco favor al desarrollo del país que creen que les pertenece. Si no supiéramos esto nos resultaría extraño el beneplácito con el que fue recibido el apoyo y la presencia de las principales figuras de la oposición de derecha.
Ni falta hace recordar que no hubo ninguna protesta cuando entre 2015 y 2019 se cerraban fábricas, las pymes no podían afrontar los tarifazos, se atacaba a los medios críticos y se colonizaba la Justicia para perseguir a cualquiera que pudiera oponerse a un proyecto de exclusión pocas veces visto en la democracia argentina.
