Reglamentaron la ley para garantizar los derechos de personas en situación de calle

El Gobierno reglamentó la Ley 27654 que procura garantizar de manera integral los derechos de las personas que se encuentran en situación de calle y las denominadas "familias sin techo". Además, se buscará "desarrollar políticas de ampliación de ciudadanía".

El decreto 183/2023 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, y puso en vigencia la norma que será supervisada por el Ministerio de Desarrollo Social: "La Autoridad de Aplicación podrá suscribir convenios y articular acciones con otros organismos públicos nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales".

La iniciativa tiene el objetivo de garantizar integralmente y hacer operativos los derechos humanos de las personas en situación de calle y "en riesgo a la situación de calle que se encuentren en el territorio de la República Argentina".

Entre otras medidas, la reglamentación prevé acuerdos con "instituciones académico-científicas, sindicales y organizaciones de la sociedad civil con reconocida trayectoria en la perspectiva de derechos", además de la creación de un espacio de articulación para coordinar la implementación de la ley, particularmente en lo referido a los deberes del Estado y a los programas de política pública.

Este nuevo espacio será integrado por los ministerios de Salud; de las Mujeres, Géneros y Diversidad; del Interior; de Desarrollo Territorial y Hábitat; de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (Sedronar); los ámbitos universitarios, sindicales, organizaciones sociales; y cualquier otra área que deba estar involucrada para un abordaje integral en la materia a nivel nacional, provincial y municipal.

Qué dice la Ley 27654

La ley 27654 fue sancionada en diciembre de 2021 y busca garantizar los derechos humanos de las familias sin techo, y en los considerandos de la norma que la reglamenta se señala que que las "personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle constituyen una de las expresiones sociales más graves de la precariedad habitacional, y que necesitan mayor atención por parte del Estado".

En el Decreto que la reglamenta se describe que los "problemas derivados de la situación de calle se encuentran localizados, principalmente, en los grandes centros urbanos del país, y tienen un origen multicausal que no se corresponde únicamente con la falta de acceso a la vivienda, sino también con otras causas como las realidades económicas, laborales, migratorias, vinculares, familiares, de salud, subjetivas e institucionales, entre otras".

"Por ello resulta necesario dar respuesta al conjunto de personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle, con políticas de Estado que comprendan las múltiples dimensiones que se entrecruzan y que colaboran en la producción del problema", se señaló en la reglamentación de la Ley 27654, sobre Situación de calle y familias sin techo.

En la reglamentación se apuntó a que la "vulnerabilidad social extrema de este sector de la población y la heterogeneidad en su composición (familias, varones y mujeres solas, mujeres con hijos y/o hijas, niños, niñas y adolescentes, personas trans/travestis, personas de la diversidad sexual, adultos y adultas mayores, etc.) requiere de políticas públicas específicas que se enfoquen desde una mirada integral del problema que satisfaga, en primer lugar, las necesidades más inmediatas para alcanzar, a largo plazo, la real superación de esta problemática".

En paralelo, se indicó que, "históricamente, nuestro país se caracteriza por la ausencia de un sistema de alcance nacional que reconozca e integre a las personas que atraviesan estas situaciones como sujetos de derechos".

"Durante la década de 1990, el modelo económico neoliberal significó la pauperización de las condiciones de vida de las personas trabajadoras, y quedaron en evidencia sus consecuencias más graves con la crisis del año 2001, en donde aumentaron los índices de pobreza y la cantidad de personas en situación de calle, que superaron todos los niveles históricos debido al impacto del desempleo masivo y al desmantelamiento de la estructura productiva y de servicios del Estado", destacaron en las consideraciones del decreto reglamentario de la Ley 27654.