Reforma laboral: la Corte Suprema rechazó el per saltum presentado por el Gobierno

La Corte Suprema de la Nación rechazó este jueves el perl saltum presentado por el Gobierno para que el máximo tribunal se expida sobre la constitucionalidad de la reforma laboral. En el fallo dictado, los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz calificaron como “inadmisible el recurso interpuesto” ya que que no están dados los requisitos para analizar en el caso antes de que se expidan las instancias inferiores.

"A juicio de esta Corte no se observan los requisitos que, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, habilitan la procedencia de la vía cuya apertura se promueve mediante el recurso por salto de instancia. Por ello, se declara inadmisible el recurso interpuesto", detalla el fallo firmado por los tres magistrados. De esta manera, se declaró inadmisible el recurso impulsado por el Estado nacional y ordenó archivar todas las actuaciones.

El recurso extraordinario presentado por la Procuración del Tesoro tenía como objetivo la revisión de lo dictado por el juez de primera instancia que declaró la inconstitucionalidad de más de 60 artículos de la Ley de Modernización Laboral sancionada por en el Congreso.

La decisión de la Corte Suprema significó un duro revés para la estrategia judicial de la Procuración del Tesoro, que buscaba que los jueces intervengan de manera directa en el conflicto planteado por la CGT contra la Ley 27.802.

El fallo completo de la Corte Suprema

Qué es un per saltum

Se trata de un recurso judicial extraordinario el tiene como objetivo permitir elevar una causa de la Justicia directamente a la Corte Suprema, saltándose instancias intermedias como las diversas Cámaras de Apelaciones. Generalmente es aplicado a situaciones de "gravedad institucional" donde es necesario un fallo rápido y definitivo.

Al tratarse de un elemento de “marcada excepcionalidad” y sólo se usa “en aquellas causas de competencia federal en las que se acredite que entrañen cuestiones de notoria gravedad institucional” y en las que el recurso sea necesario para “evitar perjuicios de imposible o insuficiente reparación ulterior”.