"Recién intentamos matar a Cristina": la Justicia ante el hecho que paralizó al país

Pocas personas vieron el arma en el momento exacto. Algunos empezaron a gritar y a señalar a Sabag Montiel. Dos militantes, en un acto reflejo, lograron atraparlo, retenerlo y entregarlo a la policía. Había tirado la pistola al piso. Más tarde pudieron encontrarla. La escena era de gran confusión, ni los custodios que estaban más cerca de Cristina terminaban de comprender qué había pasado. Ella, que se había agachado a agarrar un libro que le revolearon, no vio nada. Pero algunas cámaras de televisión y filmaciones de celulares habían captado la impactante imagen.

El asesino fallido no estaba solo. Con él había ido su novia, Brenda Uliarte. Cuando lo agarraron, ella simuló no conocerlo y se fue caminando cabizbaja. Con los días se conocería que ambos estaban vinculados a un grupo de vendedores de copos de azúcar, una actividad que utilizaron como pantalla para estudiar la zona, analizar los movimientos y decidir cuándo era mejor intentar el magnicidio. El jefe de los “copitos” se llama Gabriel Carrizo y apenas después del atentado les mandó mensajes a varios conocidos: “Recién intentamos matar a Cristina”. También dijo que él había aportado un arma.

A un año del intento de asesinato de la vicepresidenta, Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo son los únicos tres detenidos por homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el empleo de un arma de fuego, en grado de tentativa. Los dos primeros, como coautores. Carrizo como partícipe secundario. La investigación, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti y actualmente delegada en el fiscal Carlos Rívolo, se cortó en ellos tres y no avanzó en vinculaciones políticas ni financieras. En su dictamen para mandarlos a juicio oral Rívolo especificó que “toda la prueba recabada hasta el momento impide considerar que haya existido una organización de cualquier tipo, partido político o partidario, persona o grupo de personas que hayan, de alguna manera, financiado, planeado, encubierto o contribuido de alguna forma con los imputados para llevar adelante el hecho investigado”. Al menos por ahora, los tres acusados aparecen como tres “loquitos” o violentos sueltos.

¿Locos sueltos?

Capuchetti elevó el expediente a juicio el 12 de junio último. La querella de CFK, representada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, cuestionó el cierre de la investigación. Ellos señalaron que mandar “la causa a juicio por tramos es una práctica incorrecta y daña el descubrimiento de la verdad”. Quedó abierta en instrucción la llamada “pista Milman”, que alude al diputado de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, una parte del expediente que avanza a paso cansino. En otro juzgado se investiga a la organización de ultraderecha Revolución Federal. Sus principales referentes, Jonathan Morel y Leonardo Sosa, estuvieron el día del alegato de Luciani en las cercanías de la casa de CFK, para provocar a la militancia y “celebrar” el pedido de condena. Pero están investigados por varios otros hechos de violencia y amenazas de muerte contra la propia vicepresidenta. Ni Capuchetti ni la Cámara Federal quisieron unir jamás ambas causas, pese a que aparecen conexiones.

Si bien Rívolo señaló en su dictamen final que se trató de un caso de violencia política, contra la principal líder política del país, el trámite de la causa no estuvo marcado por esa perspectiva. El intento de magnicidio fue tratado como cualquier otro delito y, además, hubo irregularidades desde el comienzo. La jueza pidió refuerzos de personal a la Corte Suprema recién tres semanas después del atentado. Les dijo a los supremos que su problema era que tenía varias causas complejas, sin hacer distinciones. El alto tribunal se tomó tres meses para darle tres contratos con fecha de vencimiento en mayo de 2023.

El futuro juicio estará a cargo del Tribunal Oral Federal 6, que tiene todos sus cargos vacantes. Por ahora subrogan Sabrina Namer, Daniel Obligado e Ignacio Fornari. La fiscala es Gabriela Baigún. Aun no se sabe cuándo serán las audiencias. Como habrá una “instrucción suplementaria” todavía hay algún margen para nuevos hallazgos.

Al momento de ser indagados, ninguno de los tres detenidos aportó información relacionada con el hecho. Brenda dijo: “no tengo nada que ver con el hecho”. No negó su presencia en el lugar, pero aseguró que no vio el intento de disparo. Carrizo trató de argumentar que todo lo que les decía a sus conocidos (como que Sabag era “un héroe”, que él podría completar la misión que su amigo no logró, que tenían planeado matar “al jefe de la Cámpora” y que había entregado un arma calibre .22) eran bromas, parte de su humor negro. Sabag Montiel se quejó de que un militante lo había golpeado e insistió: “Brenda no tuvo nada que ver”.

Fue mucho más lo que le dijo a C5N que lo que declaró ante la jueza y el fiscal. En Minuto1 alegó que quiso matar a Cristina “por la situación del país”, que no se arrepiente, que lo hizo por su cuenta. El arma, dijo, "estaba cargada, tiré el gatillo y el tiro no salió". Aseguró lo que se había constatado: la pistola tenía cinco proyectiles, pero ninguno había ingresado a la recámara. “Estaba nervioso”, se quiso justificar. Y volvió a despegar a Brenda.

Uliarte fue detenida tres días después del intento de magnicidio. Durante ese lapso estuvo en la casa de un exnovio, en el departamento de Barracas donde se juntaban los “copitos” y hasta fue con ellos a Telefé a decir que ella no tenía nada que ver, que había quedado sorprendida por lo que había hecho su novio y que no sabía que tenía un arma.

Antes del atentado la joven, sin embargo, le había contado a su amiga Agustina Díaz el plan para asesinar a la vicepresidenta. Hasta le dijo: “Hoy me convierto en San Martín, voy a mandar a matar a Cristina”; “me repudrí de que hablen y no hagan nada. Yo sí voy a hacer. Se me metió el espíritu de San Martín en el cuerpo”. Sabag Montiel también había anunciado en un grupo de Whatsapp su intención: “Yo quisiera conocer a Cristina, hacerme el vendedor de copos y meterle un corchazo”.

Los mensajes de Brenda fueron hallados en su propio celular. A Díaz le contó inclusive un primer intento que no se concretó, unos días antes, el 27 de agosto. Fue un sábado que el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, mandó a vallar la cuadra de la vivienda de CFK para desplazar de ahí a los manifestantes porque decía que los vecinos se quejaban. El efecto fue el contario, se aglutinó más gente y Larreta mandó decenas de policías y carros hidrantes.

Esa noche CFK dio un discurso en una tarima improvisada en el medio de la calle. Sabag Montiel estaba ahí, pero le avisó a Brenda que no había podido acercarse, que había cámaras de C5N y que ella ya se había metido adentro de la casa. Díaz por lo general le seguía la corriente a su amiga, pero después diría que nunca la tomó en serio y que la veía como una fabuladora. La detuvieron el 13 de septiembre, estuvo presa poco más de un mes y al final fue sobreseída. El 14 fue detenido Carrizo.

¿Qué pasa con Milman?

La pista sobre el diputado Gerardo Milman, que fue jefe de campaña de Bullrich y su número dos en el Ministerio de Seguridad del macrismo, tuvo una sorpresa en los últimos días, cuando el abogado de Uliarte –Carlos Telleldín—salió a decir que ella pedirá ampliar su indagatoria para contar que colaboradores/as de Milman les ofrecían dinero (en teoría a los copitos y a otras personas) para ir a manifestarse en contra de CFK, provocar y generar conflictos. Habrá que ver si esto se concreta y, en ese caso, qué pruebas ofrece. Podría ser una línea que lleve a terminales políticas/económicas.

Esta arista de la investigación comenzó cuando el 23 de septiembre se presentó en el juzgado a declarar Jorge Abello, asesor del Bloque de Unión por la Patria y colaborador del diputado Marcos Cleri, y relató que había visto a Milman dos días antes del atentado en el bar Casablanca, en la esquina del Congreso, con dos mujeres a quienes les dijo "cuando la maten yo estoy camino a la costa". El encuentro se pudo corroborar con las cámaras de la zona. También se constató que lo acompañaban sus asesoras Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco, quien había trabajado con él en el Ministerio de Seguridad del macrismo. El viaje a la costa, a Pinamar, figuraba en las redes sociales como una actividad proselitista.

Las colaboradoras del diputado fueron citadas por primera vez el 26 de octubre, pero intentaron mentir, al decir que no recordaban haber ido para la fecha en cuestión a Casablanca. Pero cuando les mostraron los videos no les quedó más alternativa que reconocerlo. Luego tuvieron contradicciones. La querella pidió secuestrarles los celulares, pero Capuchetti no quiso. Recién los entregaron por impulso de la Cámara Federal el 1 de diciembre. Ivana dijo que había borrado todo por su privacidad. Carolina, que había comprado un teléfono nuevo. En mayo último, Bohdziewicz –que fue despedida por Milman en el verano-- declaró que el suyo no había sido un borrado voluntario. Gómez Mónaco, relató, la había llevado a una oficina de Bullirich donde esperaban un perito y Milman, cuyo celular, describió, también fue "manipulado". A Gómez Mónaco la mandaron a comprar otro Iphone y cambiar la clave. Ivana reveló que su excompañera tenía otro aparato más. En el de ella aparecieron chats en una copia de seguridad. "Borren todo", dijo a un grupo de asesoras del diputado horas antes de Casablanca. Después de este testimonio Rívolo pidió secuestrar el celular de Milman.

Hasta ahora el teléfono de Milman no fue peritado. Capuchetti no lo quiso secuestrar, la Cámara Federal le indicó que lo hiciera. El diputado lo entregó para que esté a resguardo en el juzgado. La Cámara de Diputados autorizó su apertura, pero ahora él apeló ante Casación. ¿Qué se puede esperar de ese futuro análisis? Poco y nada.

En el expediente quedaron fuera del análisis seis curiosos proyectos que Milman presentó antes y después del ataque. El más impactante era del 18 de agosto de 2022: pedía información sobre seguridad para “periodistas independientes", "jueces y fiscales” (en pleno juicio de "Vialidad") y refuerzos para personas de "alta investidura" o "involucrada en causas judiciales". Casi al final advertía: “No vaya a ser que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando, con un falso ataque a la figura de Cristina, para victimizarla, sacarla de entre las cuerdas judiciales en las que se halla y no puede salir".

En todo este tiempo no se dilucidó si Milman sabía algo o si tuvo algún vínculo con el atentado.

Errores, fallas, omisiones

En las primeras horas de la causa quedó dañada una de las principales pruebas del caso: el celular de Sabag Montiel. Había llegado al juzgado con cadena de custodia y allí dos agentes de la Policía Federal (no especializados) intentaron descargar la información del aparato y no pudieron. Esto fue ya en la madrugada del 2 de septiembre. El celular quedó en la caja fuerte del juzgado. Ese día ya a la noche, la jueza decidió mandar el teléfono para que lo perite la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que contaba con mejor tecnología. Mandó a la encargada de la custodia de su juzgado que se fue sola a la noche hasta Ezeiza, a la sede de la PSA, donde los peritos esperaban recibir a alguien del juzgado. Uno de los secretarios se había subido al auto, pero se bajó en el camino para ir a su casa. El sobre que entregó la agente estaba abierto, el celular encendido y con un cartel con letras rojas. Estaba “reseteado de fábrica”. No se podía acceder ya a su información, y no se pudo nunca. Tampoco se estableció quién fue responsable.

A pesar de que Uliarte pudo ser rápidamente identificada porque circulaban notas que había dado en Crónica TV con Sabag Montiel y porque luego fue con los vendedores de copos a otro canal, la jueza dilató la intervención de su celular. Cuando lo dispuso, el agente que debía ir al un box a hacer una escucha directa, tardó cuatro horas. El domingo 4 de septiembre, Brenda salió de la casa de Barracas y pasó delante de las narices de los policías que debían vigilarla, que no hicieron nada. Luego dirían que no la reconocieron porque tenía otro color de pelo. La DAJuDeCO (Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado) detectó que el teléfono de la joven se movía y avisó al juzgado. Uno de los secretarios, Federico Clerc, dedujo que estaba en la zona de Retiro. Intentaron buscar por la estación de micros, pero no estaba. Razonó que se podía haber tomado un tren a San Miguel, donde vivían tanto su familia (aunque a su padre no le respondía los llamados) como su exnovio. Clerc mandó a detener el tren de la línea San Martín que había salido en esa dirección, cuando llegó a la estación Palermo. Allí dos agentes, después de varias vueltas encontraron a Brenda con la cara semi tapada. Quedó detenida. Lo cierto es que estuvo a nada de escaparse.

Una pista que quedó abandonada fue la que apuntaba a Hernán Carrol. La aparición de este nombre en el expediente fue llamativa: Sabag Montiel mandaba, y sigue enviando cartas desde la cárcel al juzgado y otros tribunales. Entre otros, le escribió al fiscal Luciani. Envió uno de esos manuscritos a Capuchetti en la que le decía que era Carrol quien debía ponerle un abogado. Carrol era el fundador de la agrupación Nueva Centro Derecha, que se había vinculado con diversos dirigentes afines de alto perfil: desde Patricia Bullrich hasta Javier Milei. Incluso fue candidato a concejal con la lista de José Luis Espert. El dirigente había estado en contacto con Brenda y hasta hicieron juntos un vivo de Instagram poco antes del atentado. Cuando detuvieron a Sabag Montiel, le ofreció a Uliarte un abogado para él. Declaró como testigo un mes después de la carta del asesino fallido. Entregó uno de sus dos celulares. Estaba borrado. Tampoco se investigó a su amigo e integrante de NCD el comediante Martín Almeida, a cuyo cumpleaños fueron Brenda y Sabag.

Otros tantos cabos que quedaron sueltos están relacionados con las conversaciones de los varios grupos de Whatsapp ligados a los vendedores de copos. Por ejemplo, una mujer llamada Joana Colman, les decía a los demás que sabía que Sabag, ya detenido, se había negado a declarar, que no quiso recibir a un abogado y que sabía “que lo hizo por plata”. “El chabón en cuatro años sale, y sale acomodado mal eh…”, dijo como si tuviera información calificada. Pero nunca se la investigó ni se siguió la pista de sus dichos. Tampoco se profundizó lo que dijo un hombre que en las redes se llamaba “León Taylor”, que había vivido en la casa de Sabag Montiel, y que dijo que estaba seguro de que había intentado el magnicidio a cambio de dinero.

Nunca se investigó a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que tuvo un papel llamativo. Hubo manifestantes que denunciaron que espiaban. Lo mismo hicieron diputados de la Bicameral de Inteligencia del Congreso. El 27 de agosto, el día que pusieron las vallas, cuando Juncal y Uruguay se llenó de gente y comenzaron a llegar dirigentes, los policías insultaron al hijo de la vicepresidenta, Máximo Kirchner, y se los escuchaba decir por las modulaciones que había que tratar a Axel Kicillof como "un ciudadano más”. Se ocuparon de sacar militantes y monitorear, pero justo a los vendedores de copos nos los detectaron.

La jueza Capuchetti fue recusada en dos oportunidades por la querella de CFK, por las deficiencias en la investigación que podían poner en duda su imparcialidad, y porque tiene un contrato como investigadora senior en el Instituto Superior de Seguridad Pública, por el que le paga la administración porteña. Ese instituto está bajo la órbita de Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, por entonces estaba a cargo de Marcelo D’Alessandro, quien renunció por el escándalo del viaje a Lago Escondido. Tanto la Cámara Federal como la de Casación respaldaron a Capuchetti, que siguió con la causa. Ante tantos cuestionamientos, lo que hizo fue delegar la investigación al fiscal Rívolo. Este también fue recusado por la querella, por falta de impulso en la investigación y también fue confirmado por Casación.

La querella intenta mostrar que quedan demasiadas cuestiones sin explorar. Una semana atrás presentó un pedido para que se investigue a la panelista televisiva Delfina Wagner, una militante de ultradercha y libertaria, quien contó públicamente que estaba viviendo en la casa de Ximena de Tezanos Pinto, la famosa vecina del piso de arriba de Cristina. Los abogados pidieron analizar los vínculos de Wagner con la mayoría de los personajes y actores que aparecen en la causa o ligados a ella: Revolución Federal y en particular Morel, con quien hablaba, Carrol, Milman y Gómez Mónaco, y hasta Brenda Uliarte. Wagner trabaja en Crónica TV cuando la entrevistaban junto con Sabag, y estaba presente el día que la joven fue al piso a criticar los planes sociales. Después del atentado le mandó un mensaje para preguntarle si estaba bien y ofrecerle lo que necesitara. Uliarte le respondió agradecida. Con Brenda coincidió, dijo la querella, en la marcha de antorchas frente a la Casa Rosada que hizo Revolución Federal y también habrían estado en Plaza de Mayo el 9 de julio.

Revolución Federal

La organización ultraviolenta que tenía como referentes a Jonatan Morel y Leonardo Sosa fue denunciada por sus acciones. Primero, por los mensajes de odio que difundían en charlas en Twitter Spaces donde a veces participaban hasta 2000 personas. En esos encuentros hablaban de matear a dirigentes, y en especial se referían a CFK, también a Máximo y a Alberto Fernández. En una ocasión Morel dijo que cuando la veía a Cristina esos días de movilizaciones reflexionaba: "si a mí no me conocieran los nenes de La Cámpora yo voy te canto ahí la marcha peronista siete días seguidos y en cuanto puedo, pasa a la historia". Fue, en definitiva, lo que hizo Sabag Montiel, o lo que intentó. Esas conversaciones mostraban que estaba normalizado un discurso de odio y de exterminio, palabra utilizada por varios dirigentes en la antesala de la campaña electoral, pero que se repitió en los últimos tiempos.

En la calle realizaban acciones violentas. Ganaron fama por llevar a Plaza de Mayo una guillotina que decía: "Todos presos, muertos o exiliados". La "o" de "Todos" era el sol del logo del "Frente de todos". Ese día, el 9 de julio de 2022, en la misma protesta estuvo Milman más otros dirigentes de JxC, y habrían coincidido Uliarte y Wagner. También Carrol. Además de tirar antorchas en la Casa Rosada, amenazaron de muerte a la vicepresidenta frente al Instituto Patria. Asediaban en la calle a funcionarios y dirigentes, los seguían a los gritos, los insultaban y hasta escupían (les pasó, entre otros, a Jorge Ferraresi, las legisladoras Maia Daer y Claudia Neira, Juan Grabois, Sergio Massa). La Policía porteña brilló por su pasividad frente a estos actos. El juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita ordenaron la detención de Morel, Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile. Les imputaron asociación ilícita para imponer sus ideas por la fuerza y dijeron que el intento de magnicidio fue el punto máximo de la escalada violenta que generaron. La Cámara Federal los dejó en libertad y revocó esa acusación y usó una más leve: incitación a la violencia colectiva.

De Tezanos Pinto también tuvo relación con ellos. Invitó a su casa a Sosa y Guerra en medio de las movilizaciones por CFK. Hasta se sacaron fotos desde el balcón. Guerra dijo que ella lo contrató para pintar y hacer arreglos en su casa. Podía entrar libremente al edificio.

Financiamiento

La parte aún no resuelta sobre Revolución Federal es crucial: el financiamiento. Morel tenía un pequeño taller de carpintería en Boulogne. Había aprendido el oficio por Youtube. De repente, a fines de 2021, pasó por ahí Rossana Caputo, una de las hermanas del exministro de finanzas del macrismo Luis “Toto” Caputo, y le encargó unas mesitas ratonas para el emprendimiento Santa Clara al Sur. Como se rompieron volvió a ver a Morel. Pese a la mala experiencia le propuso hacer los muebles para 60 departamentos en un edificio llamado Espacio Añelo, en Neuquén, cerca de Vaca Muerta. El Grupo Caputo, manejado por los hermanos del exministro, le pagó al menos 13 millones de pesos. Le encargó un trabajo que no tenía capacidad de hacer: 144 mesas de luz, 144 respaldos de cama, banquetas y hasta le encomendó los colchones y las cortinas. Era una suerte de intermediario que en teoría tercerizó, utilizó facturas propias y algunas ajenas dudosas (de personas que no tenía nada que ver ni con muebles ni con colchones), y contrató inexplicablemente al menos a una firma que ya era proveedora de Caputo Hermanos.

La hipótesis de la querella es que se trató de una forma de dar financiamiento y apoyo económico a la organización para llevar a abo su actividades y alentar sus acciones violentas.

Todavía ni la fiscalía ni el juzgado sacaron conclusiones sobre este posible financiamiento. Esperan resultados de peritajes sobre “la ruta del dinero”, el valor de los muebles y determinar cómo fueron trasladados a más de 1000 kilómetros.

Esperan también el resultado del peritaje de los dispositivos de una mujer que aparecía en el celular de Morel como “Dali Revolución”, llamada en realidad Lidia Casciano, quien en cuatro oportunidades ofreció al grupo una pistola 9 milímetros, cada vez que hablaban de Cristina Fernández de Kirchner. El arma existía y se la secuestraron. Días atrás Morel planteó en el juzgado que se quiere ir a vivir a Paraná y pidió cumplir con presentarse regularmente en algún tribunal de allá. La agrupación no existe como tal. Sosa sigue tuiteando contra de la vicepresidenta.