El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó a los cuatro integrantes de la agrupación ultraderechista Revolución Federal que habían sido detenidos, y luego liberados, en la causa que investiga intimidación pública y amenazas contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Además, el magistrado les trabó embargos a cada uno por 9 millones de pesos.
El juez les aplicó a Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile la figura del Código Penal que castiga con prisión de tres a ocho años al que “organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación”.
Los cuatros habían sido detenidos por orden de Martínez de Giorgi pero el miércoles fueron excarcelados por la Cámara Federal.
La causa se inició por una denuncia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) ante la sospecha de que se podría atentar contra el orden democrático y en un contexto donde se venía investigando, en otra causa, a la banda que intentó asesinar a la vicepresidenta, que lleva adelante la juez María Eugenia Capuchetti y tiene a Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Gabriel Carrizo.
Los párrafos más salientes del fallo que procesó a los cuatro integrantes de Revolución Federal
Según el juez, los cuatro acusados "llevaron a cabo un plan criminal, que tuvo por objeto imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor" y queriendo "incitar a la violencia colectiva en un numero indeterminado de personas que pueden acceder libremente a las redes sociales mencionadas". Justamente, fueron acusados en base a las amenazas que volcaron ellos como agrupación en las redes sociales.
"Tanto por las redes sociales como en las calles, realizaron actos y emitieron expresiones tendientes a alentar o incitar a la persecución, a la violencia colectiva y a la propagación del odio, principalmente contra autoridades publicas de la actual gestion del Poder Ejecutivo Nacional y/o de sus adeptos, constituyéndose asi en uno de los actores que agitaron en la sociedad un clima de violencia social, cuyo acto de mayor gravedad institucional resulto ser el intento de magnicidio de la Vicepresidenta de la Nación Dra. Cristina Fernández de Kirchner, el pasado 1° de septiembre", sostuvo el juez.
Uno de los hechos por los cuales el juez lo procesa a Morel y Sosa tiene que ver con incidentes que protagonizaron contra el vehículo que transportó a Sergio Massa en su asunción como ministro de Economía en Casa Rosada en agosto pasado.
Jonathan Morel
Captura de video.
Sobre Morel, el juez remarcó que una semana antes del atentado contra la vicepresidenta fue protagonista de una pelea en las calles Juncal y Uruguay, donde se domicilia Cristina Fernández, con militantes oficialistas, y a él al ser demorado se le secuestró elementos cortantes y telas embebidas en combustible.
Otro elemento "alarmante" para Martínez de Giorgi, es que Sosa publicó en su cuenta de Instagram una foto con Ximena de Tezanos Pinto, vecina del piso de arriba de Cristina Kirchner en Recoleta.
Además pesó en el fallo, lo volcado por la agrupación en las redes: “Los vamos a perseguir, van a tener miedo de salir a la calle. El robo y la corrupción en Argentina va a dejar de ser gratis, por las buenas o por las malas (...) Todos van a sufrir las consecuencias de sus actos", o "marchamos hacia Casa Rosada para exigir la renuncia de Alberto y CFK”.
En ese sentido, sostuvo el juez, "difundieron masivamente expresiones de odio e intimidatorias, directa y expresamente contra los mas altos funcionarios del actual Poder Ejecutivo Nacional, atentando así contra la propia seguridad, libertad e integridad de estas autoridades publicas y de sus simpatizantes, siendo un claro ejemplo de ello el proferido siete días antes de la tentativa de magnicidio perpetrada contra la actual vicepresidenta".