Peligra la prórroga de Aeropuertos Argentina: un informe de la AGN halló irregularidades en un contrato de 2020

En un informe publicado el 30 de junio de 2025, la Auditoría General de la Nación (AGN) cuestionó la prórroga vigente de la concesión de Aeropuertos Argentina. El organismo señaló fallas graves en la extensión del contrato de 2028 a 2038 firmada durante el gobierno de Alberto Fernández con la excusa de la pandemia de Covid-19.

Mientras la gestión de Javier Milei busca extender la concesión hasta 2066, la AGN determinó que la prórroga de 2020 no cumplió con los estándares del marco regulatorio: no se respetaron los pasos que impone la ley, no intervinieron los organismos idóneos y no se presentó toda la documentación.

En 2028 todas las terminales y sus activos deberían regresar al Estado. La empresa había argumentado que necesitaba más plazo para invertir u$s600 millones en obras, aunque quien define el plan de infraestructura es el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y no Aeropuertos Argentina.

El ORSNA quedó bajo la lupa por un acta secreta

El informe sobre el ORSNA cobró fuerza tras conocerse un acta secreta firmada en septiembre de 2025 entre el entonces presidente del organismo, Facundo Leal, y el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibahian. Ese documento allanó el camino para extender la concesión de 2038 a 2066.

La detención de Leal por una causa de corrupción precipitó los hechos y dejó en suspenso el proceso. La AGN remarcó que, aunque el servicio se afectó en el primer año de pandemia, ya en la segunda mitad de 2021 mostraba signos claros de recuperación, pese a lo cual la extensión otorgada fue de 10 años.

A lo largo de más de 60 páginas, la AGN detectó la falta de un procedimiento específico que garantizara un circuito administrativo prolijo. El organismo utilizó de forma genérica la Ley de Procedimientos Administrativos, sin un dictamen jurídico propio sobre la prórroga.

Las obras comprometidas no tuvieron metas claras

La AGN también señaló falta de claridad en el plan de obras exigido a cambio de la extensión, que incluía inversiones de u$s85 millones y u$s124 millones. Al concesionario solo se le pidió "aportar sus mayores esfuerzos y aportes de idoneidad" para lograr financiamiento antes del 31 de diciembre de 2021.

Ante los cuestionamientos, el ORSNA respondió que esos compromisos "han sido determinados en forma adicional a los expresados en el resto de las cláusulas y ha sido tratado en expediente específico", una respuesta que no convenció a la Auditoría.

Según publicó Ámbito, hubo tres actas secretas: la primera selló la extensión hasta 2066 en septiembre de 2025; la segunda ratificó ese acuerdo un mes después; y la tercera, firmada en junio de este año por la sucesora de Leal, Noelia Ruiz, reabrió las negociaciones y bajó la anterior a la categoría de simple antecedente.