"No puedo dejar de pensar que hubo demoras intencionales para evitar un escándalo durante la campaña", advierte Lavega por la corrupción en Andis

La Justicia federal avanzó con una medida explosiva: el fiscal Franco Picardi solicitó la detención de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en medio de una investigación que revela una red de coimas, sobreprecios y direccionamiento de compras de medicamentos e insumos de alto costo.

La revelación llegó tarde: durante meses, el tema no había ocupado ningún espacio en la agenda pública ni política. Para quienes integran el sistema, ese silencio no fue casual.

“Lo primero que me llama la atención es que la causa de coimas en ANDIS se haya hecho pública recién después de las elecciones intermedias, cuando antes reinaba un silencio absoluto”, advierte Laura Lavega, referente de la Red de Prestadores de discapacidad de la Provincia de Buenos Aires. Desde su perspectiva, la demora en que el escándalo tomara estado público tiene una intencionalidad política clara. “No puedo dejar de pensar que hubo demoras intencionales para evitar un escándalo durante la campaña”, señala.

¿Qué descubrió la Justicia?

Según el dictamen de Picardi, los investigadores identificaron un esquema delictivo en el que Spagnuolo y otros exfuncionarios habrían consentido y supervisado compras con sobreprecios, sobornos y un direccionamiento deliberado para favorecer a determinadas droguerías.

En los allanamientos, se secuestraron dispositivos electrónicos como celulares y computadoras. Las imágenes colectadas muestran incluso a Spagnuolo visitando casas de proveedores con una mochila, lo que para el fiscal refuerza la hipótesis de retornos ilegales.

Se imputa una asociación ilícita con maniobras sistemáticas para realizar compras favorecidas en perjuicio del Estado y de las personas con discapacidad. Un dato clave: durante los allanamientos también se encontró una caja de seguridad en poder de Spagnuolo con más de US$ 80.000, según reportes judiciales.

El impacto sobre las personas con discapacidad.

Para los prestadores bonaerenses, el impacto es directo. Venían sosteniendo un sistema asfixiado por la inflación, los atrasos de pago y la falta de actualización de aranceles. Sobre esa fragilidad estructural, se suma ahora la confirmación de maniobras irregulares. “Los prestadores bonaerenses venimos trabajando desde hace años en condiciones de enorme fragilidad económica”, explica Lavega.

Y agrega: “Las instituciones no saben si podrán pagar salarios, los profesionales abandonan el sistema y los hogares dependen de rifas y colectas para cubrir gastos básicos”.

La referente es categórica al evaluar el daño: cada peso desviado en corrupción se traduce en una prestación menos. “Cuando hay sobreprecios y sobornos, quienes terminan pagando el costo son las personas con discapacidad. Es imposible que un sistema funcione bien cuando el dinero que debe ir a la atención se canaliza en bolsillos privados”.

Las personas con discapacidad que dependen de Incluir Salud o de pensiones no contributivas también quedaron atrapadas en este entramado. Lavega describe un escenario de profunda vulnerabilidad: “Vimos suspensiones arbitrarias de pensiones, demoras interminables en la entrega de medicamentos, interrupciones de tratamientos y un abandono general que se profundiza cada día”. Para ella, el mensaje político del Gobierno nacional agrava todo: “Cuando Milei dice que la discapacidad es un ‘gasto’ o un ‘privilegio’, legitima estas políticas de desprotección”.

La causa judicial abre interrogantes urgentes sobre transparencia y reparación. Lavega plantea el camino: auditorías, participación de la sociedad civil y mecanismos de control reales. “Si había plata para pagar coimas, ¿cómo puede ser que no haya plata para pagar prestaciones en tiempo y forma? La respuesta es evidente: no es falta de recursos, es falta de transparencia y falta de voluntad política del gobierno nacional”.

De confirmarse la magnitud de la red de corrupción, el rol de los prestadores es clave. “Debemos seguir denunciando lo que está mal, aunque incomode al poder. Las organizaciones sociales tienen que mantenerse unidas. Y el Estado provincial debe auditar, acompañar y garantizar continuidad de prestaciones. Lo que está en juego no es una discusión administrativa: son vidas, terapias, dignidad y futuro”.

La referente cierra con sólida convicción. “En un contexto donde el gobierno nacional profundiza el ajuste, promueve el odio y desmantela políticas públicas esenciales, nuestra responsabilidad como sector es aún mayor. No vamos a permitir que la corrupción y la crueldad sigan destruyendo derechos. Frente al odio, la única respuesta posible es la organización, la verdad y el amor por quienes más necesitan un Estado presente.”

Para Lavega, no se trata únicamente de sancionar a los responsables: se trata de devolverle al sistema la seriedad y la justicia que merecen las personas con discapacidad: “Vamos a seguir luchando, porque no estamos defendiendo privilegios, estamos cuidando derechos humanos básicos que intentan eliminar.”