Más de 500 pymes en riesgo por la parálisis en la obra pública

Al respecto, la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) advirtió que en la actualidad la Nación, las provincias y los municipios demoran el tratamiento y pago de los certificados de obra pública con sus respectivas redeterminaciones de costos, lo que genera un fuerte impacto en los trabajos y pone en jaque tanto a las obras, como a las empresas.

Varios empresarios pymes consultados por C5N dijeron que “los atrasos en los pagos en algunos casos llegan a ocho meses”. En un contexto de una inflación de entre 10% y 20% anual, las demoras en los pagos y en la redeterminación de precios es algo que se puede sostener. Sin embargo, con una inflación del 10% mensual “no hay forma de absorberlo”, explicó el dueño de una constructora pyme.

Si bien el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, sostiene que los pagos de las certificaciones se efectúan como máximo a los 60 días, no que no explica que las demoras alcanzan los 6 meses, y llegan en algunos casos a los 8 meses. “Es cierto que el gobierno viene ejecutando obra pública a niveles altos, pero sería bueno que aclaren que los procesos de pago son los que denunciamos nosotros y no los que cuentan. Es mentira que pagan a 60 días como máximo”, se quejó un encumbrado empresario.

Las empresas que integran la cadena de valor de la obra pública enfrentan una tormenta perfecta. Al retraso en los pagos con alta inflación se le suman las condiciones de comercialización de los insumos que registran incrementos de más del 100% anual y la falta de créditos blandos para restituir el capital de trabajo.

El colmo, advierten los empresarios, es que si se paraliza la obra el Gobierno nacional penaliza a la empresa y aplica multas. “Necesitamos que el gobierno pague urgente los trabajos ya ejecutados, con intereses por mora y sus redeterminaciones de precios. Necesitamos que le den al contratista la posibilidad de neutralizar los plazos de obra, sin penalidades ni congelamientos, hasta que la situación se resuelva”, analizó un empresario.

Ante esta realidad crecen las quejas de las empresas nucleadas en las cámaras de las provincias y municipios exigiendo una solución en el corto plazo. Lo peor es que las obras por convenio en las que Nación les transfiere fondos a las provincias o municipios son las que están más complicadas.

El régimen de redeterminación de costos actual es regido por el decreto 691 dictado por el gobierno de Mauricio Macri el 17 de mayo de 2016. Ante la falta de ajuste en los contratos, en agosto del año pasado se conformó una comisión integrada por los ministerios de Obras Públicas y el de Transporte, la Secretaría de Energía, la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Unión Obrera de la Construcción, pero hasta el momento no se avanzó en nada, al tiempo que la situación cada vez se agrava más.

En este contexto, el Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción, exigió el “pago urgente e íntegro de los trabajos ejecutados, los intereses por mora y sus redeterminaciones de precios, que adecuan los valores contractuales desactualizados a los costos actuales. Ello en todos los contratos, incluso los realizados por convenios entre jurisdicciones, obras en general realizadas por empresas pymes de todo el país”.

En ese sentido, a través de una declaración firmada por las 25 delegaciones de todo el país, las empresas pidieron la posibilidad para el contratista de neutralizar los plazos de obra, sin penalidades ni congelamientos, hasta que la situación sea resuelta, ya que “los inconvenientes señalados no son imputables al contratista". Además, solicitaron "la adopción de medidas para reconducir los contratos en ejecución, en cuanto a precios y plazos, de tal manera de posibilitar su continuidad, en las actuales circunstancias".