Una foto. De un lado de la mesa, el secretario del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel, y del otro la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño. Delante de ellos, siete biblioratos. En su interior, miles de documentos que dan cuenta del espionaje ilegal que efectuó el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal sobre docentes y dirigentes gremiales.
Las pruebas del espionaje ilegal de Macri y Vidal contra los docentes y Baradel
La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, le entregó al sindicalista siete biblioratos con información detallada.
Las pruebas de la persecución, el seguimiento y las escuchas que se realizaron durante el Gobierno de Cambiemos contra miembros de Suteba, Ctera y la CTA vieron la luz este miércoles. Caamaño se las entregó personalmente a Baradel en una reunión que el sindicalista se encargó de difundir a través de su cuenta personal de Twitter.
"El dirigente posteó que "Cristina Caamaño, titular de la AFI, me entregó 7 (¡siete!) biblioratos repletos con información del espionaje ilegal que efectuó el gobierno de Macri-Vidal sobre el @SUTEBAProvincia @cteracta, la @CTAok y sobre mí, durante el período 2016-2019", escribió Baradel en sus redes sociales.
"Las y los trabajadores exigimos la actuación de la Justicia: la persecución y el espionaje ilegal son delitos y los responsables deben ser condenados", sentenció.
Esta tarde en diálogo con el Destape Radio, la interventora de la AFI dio mayores precisiones los últimos hallazgos: "Tenían un call center que analizaba semanalmente las escuchas. Encontramos un sistema informático armado por la AFI que recibía las interceptaciones telefónicas que realizaba la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que depende de la Corte Suprema de la Nación".
Días atrás Caamaño puso a disposición del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi 105.000 escuchas telefónicas. Las grabaciones, en su mayoría, tienen un inicio legal. Sin embargo, la funcionaria explicó que "el material que no servía debía ser destruido y eso fue lo que no se hizo".
"Cuando la Justicia pedía los materiales, le entregaban los CDs. Por eso había 105 mil registros de audio. Se violó el derecho a la intimidad y también el derecho de defensa. Hay escuchas que dan vergüenza ajena, con cuestiones familiares y también con estrategias de defensa", remarcó Caamaño.
En diciembre pasado, Baradel se había presentado como querellante en la causa de la Gestapo antisindical, pero el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, rechazó su planteo por no adecuarse al objeto procesal. Ahora eso podría cambiar.
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