Las principales centrales sindicales francesas marcharán el próximo 24 de enero a la embajada argentina en París en solidaridad con la CGT, que convocó a un paro general ese mismo día en rechazo al DNU firmado por el presidente Javier Milei y la Ley Ómnibus que envió al Congreso.
Las centrales obreras francesas marchan el 24 de enero a la embajada argentina en París
Se trata de las mismas agrupaciones que se opusieron a la reforma previsional impulsada por Macron en 2023 y que el presidente de Francia terminó imponiendo por decreto.
Agrupadas en la denominada 'intersindical', la Confédération française démocratique du travail (CFDT), la Confédération générale du travail (CGT), Force Ouvriere (FO), Fédération Syndicale Unitaire (FSU), la Unión nationale des syndicats autonomes (UNAS) y la Union Sindicale Solidaires emitieron un comunicado en el que expresaron su solidaridad con los trabajadores y sindicatos de la Argentina.
Se trata de las mismas agrupaciones que marcharon en reiteradas ocasiones contra la reforma previsional que impulsó el presidente Emmanuel Macron en marzo de 2023 y que terminó imponiendo a través de un decreto.
En el comunicado, también manifestaron su preocupación por la democracia y los derechos fundamentales de los ciudadanos argentinos.
La intersindical francesa afirmó que el DNU 70/23 que firmó Milei y la Ley Ómnibus "atacan más de 300 disposiciones que afectan a la base de los derechos individuales y colectivos".
"Estas medidas cuestionan los fundamentos democráticos del país, rompen con la separación de poderes y violan la Constitución argentina", agrega el texto, al mismo tiempo que advierten que "el decreto también pretende desmantelar los servicios públicos y la protección social, con el despido ya de miles de funcionarios argentinos, e implantar una austeridad que devastará el modelo social argentino y los derechos e intereses de los trabajadores y las trabajadoras de Argentina".
Las centrales obreras francesas se acordaron de Patricia Bullrich
El texto de la 'intersindical' advierte también sobre el protocolo antipiquetes promovido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el cual está "destinado a criminalizar la protesta social, en particular permitiendo el uso indiscriminado de la represión estatal contra todas las formas de lucha", indicaron.
Las organizaciones señalan que "la política de Milei atestigua la naturaleza profunda de la extrema derecha, un peligro mortal para el mundo del trabajo, para los servicios públicos y para el medio ambiente, y un desprecio por los principios democráticos más elementales".
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