La violencia al banquillo

Dos agentes de diferentes fuerzas federales de seguridad deberán sentarse en el banquillo de los acusados tras haber provocado severas lesiones a ciudadanos que participaron hace más de 6 meses de una manifestación en defensa los derechos de los jubilados.

El esquema represivo del gobierno de Javier Milei, aplicado sin miramientos contra cualquier manifestación pública en defensa de derechos adquiridos por minorías vulnerables, deberá enfrentar esta semana un nuevo test judicial. Dos agentes de diferentes fuerzas federales de seguridad deberán sentarse en el banquillo de los acusados tras haber provocado severas lesiones a ciudadanos que participaron hace más de 6 meses de una manifestación en defensa los derechos de los jubilados.

Son dos causas distintas, con imputados distintos, fuerzas de seguridad distintas y víctimas distintas, pero con un denominador común: en el vértice de la pirámide de poder aparece la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La justicia deberá determinar si le cabe alguna responsabilidad penal por la forma en la que se desarrollaron los operativos.

El martes la jueza María Romilda Servini le tomará indagatoria al prefecto Sebastián Emanuel Martínez. Está acusado de haberle quitado, de un balazo de goma que además contienen gas pimienta , la vista de un ojo a Jonathan Ezequiel Navarro. El joven, hincha de Chacarita, perdió el ojo por un balazo salido de un rifle Byrna disparado a corta distancia.

“Apuntaron directamente a la cara, ahí yo me toco el ojo y bueno me veo todo con sangre en la mano”, declaró esta semana Navarro, en sede judicial y después agregó: “Cien por ciento seguro que fue Prefectura”.

La identificación del presunto agresor se logró gracias a la intervención del Mapa de la Policía de la Ciudad que logró reconstruir la escena del hecho y aportó el trabajo a la justicia. El hecho se produjo cerca de las 17.21 sobre la avenida Rivadavia, a metros de la intersección con Rodríguez Peña.

En las imágenes se utilizadas se ve con claridad cómo un prefecto se para en puntas de pie, detrás de una primera línea que formaban sus colegas con escudo, y dispara a la cabeza de un manifestante.

Tres minutos antes, en la otra punta de la plaza del Congreso, un gendarme disparó una posta de gas lacrimógeno, en línea recta y paralela al pavimento. El disparo impactó en el cráneo de Pablo Grillo, un fotógrafo que estaba allí realizando su trabajo habitual: el de cubrir la marcha. A Grillo lo atendieron, y le salvaron la vida, en el hospital Ramos Mejía. La salud pública funciona.

Por ese hecho, el gendarme identificado es Héctor Jesús Guerrero. También allí tuvo un rol preponderante el Mapa de la Policía, una herramienta constituida por una red de participación ciudadana contra la violencia policial compuesta por autoconvocsdos y diversos colectivos, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo de Investigación Política (EdIPo), el despacho de la legisladora Victoria Freire, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), FM La Tribu, la Asociación Social contra la Violencia Instituciones (ACVI) y el Instituto de Políticas sobre delito, seguridad y violencias (En Foco). Le Mapa nació en 2022 a partir de una iniciativa de la exlegisladora Ofelia Fernández junto a algunas de las organizaciones miembros.

El gendarme Guerrero fue convocado por la jueza Servini para el miércoles. Si bien se trata de dos caso que lleva la misma jueza, los expedientes tramitan por separado. La pregunta que deberá responder la justicia es si Guerrero y Martínez rompieron los protocolos de uso de las armas de disuasión por simple anoto personal o si tiraban a la cabeza y a otras partes sensibles del cuerpo por orden de sus superiores. Las querellas, en ambos casos, quieren saber qué órdenes emanaron de la superioridad. Cómo es que gendarmes y prefectos tiraban a matar.