La "modernización" que atrasa un siglo: por qué la reforma laboral de Milei es el espejo de la Argentina de 1890

A menudo, los argentinos nos encontramos discutiendo cuestiones que, en términos históricos, ofrecen pocas dudas. Entre ellas, la adquisición de derechos laborales y el papel decisivo que jugó el peronismo en su consolidación. ¿Fue Juan Domingo Perón quien determinó sustancialmente el avance definitivo de las políticas obreras? Una mirada en perspectiva ayuda a ordenar el debate.

Por razones de espacio, partimos desde 1890, sin olvidar que entre 1878 y 1890 surgieron las primeras organizaciones obreras que —más allá de algunas huelgas— no lograron avances en materia de derecho laboral, en un contexto donde la desigualdad social se profundizaba al calor de las crisis de 1873 y 1889.

El 1° de mayo de 1890 marcó un hito: la celebración del Día Internacional de los Trabajadores culminó con un fuerte manifiesto que reclamaba protección legislativa y llamaba a la unidad obrera. Los trabajadores resolvieron avanzar hacia una federación única y enviaron al Congreso un petitorio de 12 puntos con leyes protectoras. El Parlamento ni siquiera lo trató.

Sin embargo, el proceso organizativo continuó. El 29 de junio de 1890 se creó la Federación de Trabajadores de la Región Argentina, considerada la primera central obrera de América Latina. Mientras las huelgas eran tratadas como delitos —hubo 26 en 1896—, los empleadores respondían con despidos, negativa a negociar y listas negras.

La paradoja era evidente: las patronales ya estaban sólidamente organizadas en entidades como la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA), pero rechazaban con firmeza el mismo derecho de asociación para sus trabajadores. Desde entonces, el conflicto entre capital y trabajo quedó definitivamente instalado en la Argentina moderna.

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Un primer avance llegó con el diputado socialista Alfredo Palacios, quien desde 1904 impulsó el llamado “Nuevo Derecho” de los trabajadores. No la tuvo fácil: el Congreso estaba dominado por sectores conservadores que advertían que cualquier avance social llevaría a la ruina empresaria. Aun así, en 1905 se sancionó la Ley de Descanso Dominical y en 1907 la Ley de Regulación del Trabajo de Mujeres y Niños.

El clima de conflictividad siguió creciendo y empujó reformas políticas de fondo que impulsarían enormes cambios sociales, como la Ley Sáenz Peña de 1912, que estableció el voto secreto y obligatorio masculino y en 1916 llevó a Hipólito Yrigoyen a la presidencia. Durante el ciclo radical hubo avances y, a pesar de la contradicción que significaron las brutales represiones de la Semana Trágica (1919) y la Patagonia Rebelde (1922), se pudieron consolidar las negociaciones colectivas y se afianzó la idea del Estado mediador.

En 1929 se sancionó la Ley 11.544 de Jornada de Trabajo, que fijó las 8 horas diarias o 48 semanales, limitó el trabajo nocturno e insalubre y estableció recargos del 50% y 100% para horas extras. Hubo mejoras en las condiciones del trabajo agropecuario, se crearon cajas jubilatorias sectoriales y se oficializó el Día del Trabajador.

La FORA del IX Congreso vivía su edad de oro y llegó a tener 739.518 afiliados.

A la crisis mundial de 1929 se sumó el golpe de Estado de 1930 que inauguró la Década Infame. Tras declararse ilegítima la FORA, en septiembre de 1930 nació la CGT, que reorganizó los sindicatos por rama y profesionalizó la dirigencia.

Fueron los años de creación de las primeras “obras sociales” para suplir la precariedad sanitaria. Surgieron las colonias de vacaciones en Córdoba, los cines Unión, el Hospital Ferroviario (1940) impulsado por La Fraternidad y el Estado, y los empleados de comercio conquistaron el “sábado inglés”.

En este proceso no puede soslayarse la figura del socialista Ángel Borlenghi, dirigente de la Confederación de Empleados de Comercio, quien en 1934 logró la Ley de Contrato de Trabajo de Comercio —antecedente de la ley general de 1974— que garantizó salario por seis meses en caso de accidente de trabajo, vacaciones pagas, preaviso e indemnización por antigüedad. Años más tarde, Borlenghi se integraría al peronismo.

Y un día llegó Perón.

Juan Domingo Perón

Y aquello que muchos aún discuten se volvió realidad histórica. Lo que algunos todavía intentan negar tomó cuerpo y forma en la vida concreta de millones de trabajadores.

Su tarea comenzó como Secretario de Trabajo y Previsión durante el gobierno de facto de 1943. La dependencia —creada el 2 de diciembre de ese año a sugerencia de las propias centrales obreras— marcó un giro decisivo: por primera vez, el movimiento obrero pasó al centro de la escena e ingresó de lleno en la arquitectura del Estado.

Entre 1943 y 1945 se crearon los tribunales de trabajo, se extendió la indemnización a todos los trabajadores, se incorporaron dos millones de personas al sistema jubilatorio, se sancionaron el Estatuto del Peón y el del Periodista, se prohibieron las agencias privadas de colocación, se impulsó la escuela técnica y se firmaron 470 convenios colectivos de trabajo.

El Sueldo Anual Complementario se universalizó por decreto junto con las licencias por enfermedad y las indemnizaciones por despido. Las vacaciones pagas obligatorias se extendieron a todo el trabajo en relación de dependencia, dando además un impulso decisivo al turismo social, una de las marcas más visibles de la nueva Argentina que comenzaba a nacer.

Tras el triunfo electoral del 24 de febrero de 1946, el movimiento obrero se convirtió en la columna vertebral del gobierno. La CGT unificada pasó de 80.000 afiliados en 1943 a 5 millones en 1955. La Ley 14.250 estableció convenios colectivos obligatorios para todos los trabajadores, sindicalizados o no.

La Constitución de 1949 —derogada tras su derrocamiento en 1955— incorporó en su artículo 37 el Decálogo de los Derechos del Trabajador y consagró la igualdad jurídica entre hombres y mujeres. En paralelo, se creó la Universidad Obrera Nacional (hoy UTN) y se estableció la gratuidad universitaria.

La historia muestra un proceso largo, conflictivo y acumulativo. Pero también deja una evidencia difícil de negar: lo que durante décadas fueron conquistas parciales, dispersas y frágiles, con el peronismo se transformó en un sistema integral de derechos sociales.

Ahí está, escrita en la experiencia concreta de millones de trabajadores argentinos, la verdadera dimensión del fenómeno. La justicia social, convertida en política de Estado, dejó de ser una promesa declamada para transformarse en destino colectivo.

Por eso, el debate de hoy no es técnico, es profundamente político. Porque mientras algunos hablan de “modernización laboral”, lo que asoma en los hechos es el recorte de indemnizaciones, el debilitamiento de las negociaciones colectivas y el regreso a una negociación en soledad, profundamente asimétrica, entre el trabajador y el empleador.

Nunca puede llamarse modernizar a retroceder un siglo. No es libertad desarmar las protecciones que costaron huelgas, persecuciones, muertos y décadas de organización obrera. Y nadie debería confundir rigidez con la acumulación de derechos que hizo posible la movilidad social ascendente en la Argentina.

Cada vez que se prometió competitividad a costa del trabajo, el resultado fue el mismo: más precariedad, más desigualdad y mayor concentración de la riqueza.

La pregunta, entonces, es incómoda pero inevitable: ¿estamos frente a una verdadera actualización del mundo laboral… O ante un intento de licuar —con lenguaje del siglo XXI— las conquistas sociales del siglo XX? La historia, terca como siempre, ya dejó demasiadas pistas.