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La Justicia le prohibió la salida del país a Manuel Adorni

La medida fue dispuesta por el juez Ariel Lijo y señala que el exjefe de Gabinete deberá pedir permiso si tiene intenciones de viajar al exterior mientras se lo investiga por el delito de presunto enriquecimiento ilícito. Además, podría ser llamado a declaración indagatoria en los próximos días.

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  • La Justicia le prohibió la salida del país al ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La medida fue dispuesta durante la noche del viernes por el juez Ariel Lijo, quien aclaró que el exfuncionario deberá pedir permiso si tiene intenciones de realizar un viaje al exterior mientras se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y crecen las versiones de su posible mudanza a Uruguay.

    La restricción representa un paso más certero respecto al llamado a declaración indagatoria en los tribunales de Comodoro Py, el cual es inminente y podría concretarse en los próximos días.

    Adorni deberá pedir permiso si quiere salir del país.

    El foco de la investigación sobre Manuel Adorni se centra en los diversos gastos corrientes realizados mientras era funcionario, algunos de ellos realizados con tarjetas de créditos de sus secretarias, también los viajes dentro y fuera de Argentina, la compra de propiedades, refacciones realizadas en un country de Indio Cua, como así también diferencias patrimoniales registradas en sus últimas declaraciones juradas.

    Los motivos de la Justicia para rechazar la detención de Adorni

    El fiscal federal Gerardo Pollicita dictaminó en contra del pedido de detención del exjefe de Gabinete, formulado por la diputada Marcela Pagano y el abogado Gregorio Dalbón, al considerar que no existen elementos objetivos que justifiquen una medida de coerción. De todas maneras, deberá pedir autorización para poder salir del país.

    En un extenso dictamen, sostuvo que el exvocero tiene suficiente arraigo, descartó que haya intentado obstaculizar la investigación y, al mismo tiempo, ordenó una nueva serie de medidas de prueba para profundizar el análisis de su patrimonio, entre ellas requerimientos sobre sus movimientos con criptomonedas, inmuebles y compras realizadas mediante plataformas digitales.

    “Conforme a la opinión de este Ministerio Público Fiscal, no correspondería hacer lugar a las solicitudes efectuadas en autos”, afirmó Pollicita al analizar los pedidos de prisión preventiva y, en subsidio, de prohibición de salida del país.

    El fiscal explicó que Adorni “posee bienes en el país, domicilio determinado y un lugar de residencia habitual donde se asienta su núcleo familiar”, circunstancias que “permiten tener por acreditado un arraigo suficiente”. Además, señaló que no registra antecedentes penales y destacó que durante toda la investigación compareció a través de su defensa técnica, que participó de las medidas de prueba sin generar dilaciones.

    También rechazó que exista riesgo de entorpecimiento de la investigación. En ese sentido, sostuvo que las conversaciones mantenidas por Adorni con un testigo, el contratista Matías Tabar, “no constituyeron un entorpecimiento de la investigación” y remarcó que no surgió evidencia de que hubiera modificado pruebas o influido sobre las declaraciones.

    “Las circunstancias relatadas (…) permiten sostener fundada y razonablemente la inexistencia de parámetros objetivos que configuren un peligro cierto de fuga y/o de entorpecimiento de la investigación”, concluyó, informó la periodista de C5N, especialista en temas judiciales, Vanesa Petrillo.

    Las nuevas medidas ordenadas

    Uno de los principales nuevos pedidos del fiscal está dirigido a la empresa Binance. Luego de recibir un primer informe, requirió que la empresa detalle los ingresos de activos registrados en la cuenta asignada a Manuel Adorni desde su apertura, el 23 de junio de 2020, hasta el 31 de mayo de 2021. El oficio fue canalizado a través de la División Antifraude de la Policía Federal.

    También solicitó una ampliación del informe remitido por la compañía Lemon para reconstruir la actividad completa de la cuenta del ex funcionario entre enero de 2020 y diciembre de 2022.

    El requerimiento incluye el historial íntegro de movimientos en pesos, moneda extranjera y criptoactivos, depósitos, retiros, compras, ventas, conversiones, transferencias, saldos, tenencias, wallets, cuentas de origen y destino, datos de las contrapartes e incluso el detalle de las operaciones registradas en blockchain con sus respectivos hash de transacción.

    En paralelo, Pollicita pidió al Gobierno porteño que informe si fueron abonadas las cuotas del ABL de dos inmuebles vinculados a la investigación y, en caso afirmativo, que identifique quién efectuó los pagos y por qué medio se realizaron.

    Otra de las medidas apunta a una compra realizada a través de Mercado Libre. A partir de la declaración testimonial de Luis Enrique Alujú, el fiscal solicitó a la empresa que informe. Además, dispuso incorporar al expediente las videograbaciones y registros de audio de las últimas declaraciones testimoniales para que sean agregadas formalmente a la causa.

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