La defensa de Cristina Kirchner y un bálsamo entre tanta violencia 

La vicepresidenta ejerció su derecho a defensa y habló en el marco de la Causa Vialidad.

Esta semana, marcada políticamente por el alegato de la defensa de Cristina Kirchner en la Causa Vialidad ha funcionado en algún punto como un corolario provisorio a una coyuntura muy intensa -y muy violenta- que hemos vivido en las últimas semanas.

Sabemos, por supuesto, que nada termina incluso con la propia participación de la vicepresidenta, que habrá otras defensas y que el Tribunal deberá sentenciar. También es verdad que la causa por el atentado en su contra -relacionado al menos de modo diacrónico con Vialidad- está lejos de terminar y que las tensiones políticas no han aflojado en nuestro país.



Pero lo que sí sucedió, lo sugerimos de modo aproximado, es que tanto lo expuesto por Carlos Beraldi como por la propia acusada, dotaron de un marco de racionalidad que funcionó como un bálsamo frente a tanta construcción afiebrada, dentro y fuera del tribunal.

En efecto, ya desde su tono reposado, Beraldi se alejó del estilo pirotécnico del fiscal, tan plagado de adjetivos y de frases altisonantes. Podríamos decir que no sólo el objetivo era contrapuesto -eso sería lógico, uno ataca, el otro defiende- sino que los métodos también lo fueron. Mientras el fiscal Luciani se apoyó constantemente en valoraciones de orden político para resignificar con ellas las pruebas con las que decía contar, Beraldi eligió hacer un recorrido inverso.

Fue derribando una a una las acusaciones con un despliegue profuso de pruebas y testimonios y desde allí, dio una clase de administración del Estado. El aporte político de Carlos Beraldi terminó siendo incalculable porque en su esfuerzo por demostrar que la acusación era falsa encontró el modo de explicar cómo funciona el Estado y por qué es una aberración considerar a un gobierno electo democráticamente como una asociación ilícita.

Pero para entender la racionalidad que rige estas concepciones antipolíticas conviene relevar algunos hechos que sucedieron esta semana en paralelo con los alegatos. En una entrevista televisiva Javier Iguacel, administrador de Vialidad durante el macrismo y quien inició esta causa con una denuncia, aseguró que es Cristina Kirchner quien debe demostrar su inocencia. Esta inversión de la carga de la prueba no es antojadiza y ya veremos por qué.

Al mismo tiempo, mientras en el Senado se daba media sanción a la ampliación de la Corte Suprema de Justicia, tanto Horacio Rodríguez Larreta como Patricia Bullrich en redes sociales clamaban que no habría reforma ya que ésta busca impunidad para el kirchnerismo. Bullrich fue más allá.

Recordó que el proyecto de Ley no tiene los votos para pasar Diputados y que, en caso de que sucediera, el oficialismo no puede alcanzar las dos tercios que hacen falta para aprobar pliegos de nuevos jueces. Cerró con una arenga estrafalaria y preocupante a 20 días de un intento de magnicidio: “Quieren meternos miedo. Que no nos paralicen. ¡Luchar contra el régimen es nuestro único camino!”.

Es llamativa la utilización del verbo “paralizar” porque es lo que efectivamente ha logrado la oposición de derecha en el Congreso, trabando cada iniciativa del oficialismo, sobre todo las que tocan intereses de los sectores más concentrados. Y el Poder Judicial es uno de esos sectores.

Resulta impactante que una fuerza tan proclive a la mercadotecnia política y a los focus groups haya deshechado un aplastante opinión: en todos los sondeos que se hacen, la administración de Justicia tiene una desaprobación de cerca del 90 %.

Sin embargo, Juntos por el Cambio ha refractado cada intento de democratización del menos democrático de los poderes. La apelación a un presunta búsqueda de impunidad por parte del kirchnerismo no parece realista e incluso puede resultar contraproducente frente a un análisis no muy profundo.

Por supuesto que el kirchnerismo ha pasado por distintas etapas en su relación con la Justicia y el comentario siguiente puede ser tildado de maniqueo pero para comparar, bastaría ver la Corte Suprema que propició Néstor Kirchner y lo que hizo Mauricio Macri en su tiempo, con la tan mentada incorporación por decreto de dos jueces, las presiones inaceptables del hoy prófugo Pepín Rodríguez Simón y la promiscua relación que el propio Macri tenía con algunos jueces.

Pero el propio Kirchner, hoy tan saludado por el saneamiento de la Corte menemista, fue atacado por su búsqueda de reforma y no con cualquier tema. El 24 de marzo de 2006 en un acto en el Centro clandestino de detención La Perla, El entonces presidente denunció que la Cámara de Casación Penal era el cuello de botella que impedía el avance de las causas que investigaban delitos de lesa humanidad. Su titular, Alfredo Bisordi, era un fiel exponente de la derecha en la familia judicial, cercano a represores y a todo lo que el país intentaba dejar atrás. Sin embargo, el 25 de marzo los editoriales de los diarios Clarín y La Nación se referían a la intromisión de Kirchner en otro poder.

Hoy como ayer, lo que parece motivar a los sectores concentrados de la política, el empresariado, la Justicia y los medios no parece ser la división republicana sino la defensa de un status quo que ha dejado afuera de los derechos más básicos a la mayoría de los argentinos. La persecución e intento de proscripción a Cristina Kirchner parten de esa raíz. Es un disciplinador formidable.

Un mensaje de que esto les pasa a quienes se interponen en el camino de los dueños de la Argentina. Por eso, volviendo al juicio de vialidad, la participación de Beraldi y de la propia vicepresidenta generó racionalidad y dimensión política a partir de aportes técnicos. Es la demostración de que nadie es culpable a priori.

En su alegato, Beraldi deslizó una opinión inquietante: “la fiscalía no sólo no pudo aportar pruebas para apoyar su acusación sino que no le importó buscarlas.” Por eso lo de Iguacel no es una torpeza, es la expresión de un dogma de fe política: cualquier kirchnerista es culpable hasta que demuestre lo contrario.

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