La jueza de Nueva York incorporó al expediente el fallo de la Cámara de Apelaciones que revirtió la indemnización por la estatización de la petrolera en 2012. Es un nuevo paso para el cierre final de la causa.
La jueza dejó sin efecto su propia sentencia de 2023 a favor los fondos buitres.
La jueza federal de Nueva York Loretta Preska formalizó la anulación de la condena que obligaba a la Argentina a pagar más de u$s16.000 millones por la estatización de YPF en 2012. La resolución incorpora al expediente de primera instancia la decisión de la Cámara de Apelaciones que en marzo dejó sin efecto la sentencia y permite avanzar con el cierre de esa etapa judicial.
La magistrada acató así el fallo del Segundo Circuito de Apelaciones, que revocó la indemnización fijada en 2023 a favor de los antiguos accionistas de la petrolera. Con esta medida, Preska dio por concluida su intervención en esa instancia, aunque la disputa judicial aún no tiene un desenlace definitivo.
Los demandantes, vinculados a los fondos Petersen y Eton Park y respaldados por Burford Capital, recurrieron a la Corte Suprema estadounidense para intentar revertir la decisión de marzo. El máximo tribunal deberá determinar si acepta revisar el caso y habilita una nueva discusión sobre la condena.
La causa se inició en 2015, a partir del reclamo de los antiguos accionistas que cuestionaron la forma en que el Estado argentino tomó el control mayoritario de YPF durante el gobierno de Cristina Kirchner. Los demandantes sostuvieron que no se respetaron las condiciones previstas para la adquisición de las acciones de la compañía.
En septiembre de 2023, Preska falló a favor de los demandantes y ordenó al país pagar una indemnización de aproximadamente u$s16.100 millones. El Gobierno argentino apeló esa decisión y, en marzo de 2026, la Cámara de Apelaciones revocó la condena al considerar que la jueza había interpretado incorrectamente la legislación argentina.
La resolución conocida ahora formaliza las consecuencias de aquel fallo favorable al país en el expediente original. Sin embargo, la posibilidad de que la Corte Suprema acepte el planteo de los demandantes mantiene abierta una instancia de incertidumbre sobre el futuro del caso.
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