La asociación que reúne a magistradas y magistrados de toda América referenciados en las ideas del Papa Francisco manifestó su “profunda preocupación ante la grave situación de vulnerabilidad que vive la población civil de la Franja de Gaza, Palestina”, y sostuvo que aquello “no es una guerra, es una aniquilación, y debe investigarse como genocidio", en el marco de lo actuado por la Corte Penal Internacional; como también "corresponde el enjuiciamiento internacional de los responsables de los crímenes que motivaron y desarrollaron el presente conflicto”.
Bajo el título “Gaza y la vulneración del orden jurídico internacional”, este pronunciamiento fue hecho por el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU), el cual advirtió que, ante la posibilidad de una visita de Benjamín Netanyahu a la Argentina, Estados Unidos o cualquier otro país del continente, se debe tener en cuenta la orden de arresto dictada el 21 de noviembre de 2024 contra el primer ministro israelí por la Corte Penal Internacional. “Debe, al menos, restringir el desplazamiento del acusado a los 125 países que integran el Estatuto de Roma, en los cuales debería ser detenido”, indicó.
COPAJU recordó que la captura dispuesta señala a Netanyahu como “presuntamente responsable de los crímenes de guerra de hacer padecer hambre como método de guerra y de dirigir intencionalmente un ataque contra la población civil; y de los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos desde al menos el 8 de octubre de 2023 hasta al menos el 20 de mayo de 2024”.
A la vez, remarcó que “los actos de terrorismo contra la población civil israelí del 7 de octubre de 2023 son absolutamente condenables desde lo humano y deben ser enjuiciados desde lo jurídico, pero de ninguna manera justifican mayor violencia estatal de ese país contra la población civil de Gaza, ni la desocupación de ese territorio”.
Con las firmas de su presidente, el juez argentino Roberto Andrés Gallardo; su vicepresidenta, la jueza brasileña Ana Inés Algorta Latorre; el secretario Gustavo Daniel Moreno, asesor tutelar argentino; y el vocal Daniel David Urrutia Laubreaux, juez chileno, en su declaración COPAJU aportó una serie de elementos contundentes para evaluar la situación.
Indicó que “el 22 de agosto pasado, la Organización de Naciones Unidas declaró oficialmente la hambruna en Gaza, según los resultados del análisis de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC)”. Agregó que “más de medio millón de personas padecen actualmente hambre, pobreza y riesgo de muerte en Gaza”, que “para finales de septiembre, esta cifra podría superar las 640.000” y que “prácticamente nadie es inmune al hambre, y se prevé que al menos 132.000 niños menores de 5 años sufran desnutrición aguda de aquí a mediados de 2026”, como lo expresó Joyce Msuya, subdirectora de Asuntos Humanitarios de la ONU, durante una reunión del Consejo de Seguridad.
También precisó que “Caritas Internationalis denunció la hambruna provocada en la Franja de Gaza e hizo un llamamiento para un alto el fuego inmediato, sosteniendo que la hambruna no es un desastre natural sino el resultado de una estrategia deliberada: bloquear la ayuda, bombardear los convoyes de alimentos, destruir las infraestructuras y negar los bienes de primera necesidad”.
El Comité señaló que el pasado miércoles 27 de agosto el Papa León XIV “exigió que Israel ponga fin al ‘castigo colectivo’ y al desplazamiento forzoso de palestinos en la Franja de Gaza, al tiempo que abogó por un alto el fuego inmediato y permanente en el sitiado enclave”. Asimismo, recordó que el Papa Francisco, en su libro para el Jubileo, La esperanza nunca defrauda. Peregrinos hacia un mundo mejor, había planteado: “Según algunos expertos, lo que está sucediendo en Gaza tiene características de un genocidio. Debería ser investigado cuidadosamente para determinar si encaja en la definición temática formulada por juristas y organismos internacionales”.
A raíz de todos estos elementos, COPAJU concluyó que lo vivido en Gaza no configura un escenario bélico, sino “una aniquilación” y que debe entonces ser investigado “como genocidio”. Por eso, exhortó a “un inmediato y permanente alto el fuego, el acceso incondicional de la ayuda humanitaria, la liberación de todos los rehenes, el fin de la presencia del Estado de Israel en los territorios palestinos ocupados, y el despliegue de una fuerza de mantenimiento de la paz liderada por Naciones Unidas”.
