El Gobierno oficializó una medida destinada a apuntalar el sistema ferroviario en plena emergencia del sector. A través del Decreto 312/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, se dispuso la exención de tributos aduaneros para importaciones vinculadas a la modernización y el fortalecimiento de la red ferroviaria.
Eximen de impuestos a importaciones para el sistema ferroviario, en medio de reclamos por el deterioro del servicio
La medida llega en un contexto de denuncias por recortes de servicios y deterioro operativo. El beneficio busca evitar un incremento en los costos de inversión que podría rondar el 40% y afectar la continuidad de obras y contratos en ejecución.
La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Transporte, alcanza a las principales empresas estatales del sector: Belgrano Cargas y Logística S.A., Operadora Ferroviaria S.A. y la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.A., responsables del transporte de cargas, de pasajeros y de la infraestructura en todo el país.
Según el comunicado oficial, la normativa exime del pago de derechos de importación y de tasas aduaneras a bienes adquiridos hasta el 31 de diciembre de 2025. Estos insumos están destinados a proyectos de inversión para mejorar tanto el sistema ferroviario de cargas como el de pasajeros, siempre que no puedan ser provistos por la industria nacional.
El listado incluye material rodante, como vagones y repuestos, además de equipamiento tecnológico y componentes de infraestructura de alta especificidad técnica. Entre ellos, se destacan maquinarias para mantenimiento y rehabilitación de vías, sistemas de señalamiento, frenado, comunicación ferroviaria y dispositivos de seguridad.
Desde el Gobierno señalaron que muchas de estas adquisiciones fueron realizadas durante la vigencia de las exenciones tributarias, pero no pudieron ser embarcadas antes del vencimiento del plazo por razones ajenas a las empresas. En ese marco, la extensión del beneficio busca evitar un incremento en los costos de inversión que podría rondar el 40% y afectar la continuidad de obras y contratos en ejecución.
“La normativa resulta necesaria para garantizar la continuidad de los proyectos en marcha”, indicaron desde la Secretaría de Transporte, al tiempo que remarcaron que la medida forma parte del proceso de recuperación del sistema ferroviario.
Sin embargo, la decisión se conoce en un contexto de creciente tensión con los gremios del sector. Organizaciones sindicales vienen denunciando una fuerte reducción de frecuencias, la paralización de servicios de larga distancia y serias deficiencias en la infraestructura y en la operación del sistema.
En ese escenario, el Gobierno apuesta a sostener las inversiones estratégicas para mejorar la seguridad operativa, optimizar la logística y fortalecer el rol del ferrocarril en el desarrollo de las economías regionales, en medio de cuestionamientos por el estado actual del servicio.
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