El PJ repudió la condena a Cristina en la causa Vialidad: "Con persecución, no hay democracia plena"

"El Partido Justicialista reitera una vez más su más enérgico rechazo a la persecución judicial y el intento de proscripción de la compañera vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que hoy comenzó su camino formal con la lectura de los “fundamentos” en la denominada Causa Vialidad por parte de los jueces del Tribunal Oral Federal 2", expresa la nota del PJ.

"El contenido del fallo vuelve a dejar en evidencia la falta de garantías, el incumplimiento del debido proceso y la violación de derechos humanos fundamentales establecidos en la Constitución Nacional".

A continuación, el PJ expresó su solidaridad con la vicepresidenta, ratificó su inocencia y advirtió "sobre el serio riesgo para el sistema democrático que implica este nuevo avance de los poderes antipopulares".

"A 40 años de la recuperación democrática, exigimos la plena vigencia de los derechos políticos de todos los argentinos y argentinas. Recordamos que los pueblos siempre han luchado y seguirán luchando en defensa de las y los líderes que se han jugado por ellos", completa el comunicado.

Los fundamentos de la condena

El Tribunal Oral Federal 2 dio a conocer hoy los fundamentos en base a los cuales condenó a la Vicepresidenta a seis años de prisión por presunta administración fraudulenta y la absolvió junto a los demás acusados por el delito de asociación ilícita, al término de un juicio en la llamada "Causa Vialidad", en el que también fue inhabilitada para ejercer cargos públicos.

Con este paso procesal, comenzaron a correr los diez días hábiles para las defensas y para la fiscalía en pos de apelar el veredicto ante la Cámara Federal de Casación penal, aunque es un plazo que podría prorrogarse si alguna de las partes lo pide, explicaron fuentes judiciales.

A lo largo de 1.616 carillas, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso consideraron que "lo verdaderamente relevante para esta sentencia, en relación a los hechos materia de juzgamiento, es evidenciar la reacción institucional -de manifiesta connivencia y protección- de cuanto organismo estatal fuese necesario para garantizar la plena actividad del consorcio empresarial controlado por Lázaro Antonio Báez", según los fundamentos a los que tuvo acceso Télam.