El Gobierno evalúa enviar un proyecto al Congreso que tendrá como objetivo "la eliminación de todo el financiamiento estatal a los partidos políticos" para "avanzar hacia un modelo como el norteamericano", en el que las estructuras partidarias son financiadas por los propios afiliados.
Según publicó la periodista Liliana Franco en Ámbito, de acuerdo a lo revelado por altas fuentes de la Casa Rosada, en el entorno del presidente Javier Milei consideran esta modificación un paso necesario "para transparentar los gastos de la política" en línea con "la batalla contra las castas que llevamos adelante".
En Balcarce 50 analizan incluir esta reforma en el marco del debate del Presupuesto 2025 que se dará en el Congreso, y dan por descontado que la iniciativa generará mucha polémica entre los legisladores.
Sin embargo, el as que el Gobierno tendría guardado en la manga es ofrecer como moneda de cambio el engrosamiento del presupuesto universitario con el dinero que resulte de los recortes a las partidas destinadas a financiar a los partidos políticos.
El Gobierno también tiene la intención de eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Sin embargo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, señaló el lunes que la mayoría de los legisladores no está de acuerdo con modificar el sistema electoral que se viene utilizando desde 2009.
"Hoy no contamos con el apoyo necesario en el Congreso para llevar a cabo la eliminación de las PASO. No nos dan los números", reconoció Francos en declaraciones radiales.
Cuánto destina el Estado al financiamiento de los partidos políticos
En el Presupuesto 2023, se le otorgó al Ministerio del Interior una partida para Impulso al Desarrollo Democrático y Relaciones con la Comunidad por $48.500 millones, equivalentes a unos u$s164 millones de ese año, al tipo de cambio oficial.
Actualmente los partidos políticos cuentan con dos fuentes de financiamiento para su desarrollo institucional, funcional y para la consecución de sus actividades: el sector público y el sector privado.
La ley 26.215 (de Financiamiento de los Partidos Políticos) establece que el Estado nacional debe distribuir dinero de forma equitativa entre todas las alianzas para la impresión de boletas.
Para las actividades de campaña, los fondos públicos se distribuyen con 2 criterios: la mitad se reparte entre todos los frentes de forma equitativa y la otra mitad se asigna de acuerdo con los votos que ese frente obtuvo en la última elección para la misma categoría, según señala el sitio Chequeado.
En cuanto al financiamiento privado, los fondos provenien de los afiliados, donaciones u otras actividades propias con las limitaciones establecidas por la ley.
No está permitido contribuciones o donaciones anónimas, de entidades nacionales, provinciales, binacionales, multilaterales, municipales, entre otras. Tampoco pueden recibir fondos de permisionarios, empresas concesionarias o contratistas de servicios u obras públicas o proveedores de la Nación, las provincias, los municipios o la Ciudad de Buenos Aires.