El Gobierno limita su intervención en asistencia a personas en situación de calle y la delega en las provincias

El texto redefine el alcance de la Ley 27.654, sancionada originalmente para garantizar el acceso a la vivienda y la protección de quienes están en riesgo de perderla.

La norma reduce la participación del Poder Ejecutivo nacional a "órgano rector" a través de la aprobación de directrices y lineamientos generales, mientras que su rol en la asistencia directa quedará supeditado a situaciones en las que las capacidades técnicas, humanas o financieras de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sean insuficientes.

La nueva autoridad de aplicación será la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Capital Humano. Este organismo tendrá la tarea de coordinar acciones entre jurisdicciones y monitorear el uso de los fondos transferidos en caso de asistencia nacional.

El decreto subraya que las realidades locales varían según la región: mientras algunas zonas enfrentan problemas por alta densidad poblacional, otras tienen dificultades relacionadas con la precariedad habitacional o la movilidad de trabajadores migrantes. Ese es uno de los argumentos para que cada provincia y municipio diseñe sus propias estrategias de intervención, siempre que respeten los estándares mínimos establecidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.

El texto también deroga el inciso a) del artículo 12 de la ley original, que obligaba a mantener o integrar todos los programas preexistentes sin permitir su revisión o reducción. Según el Gobierno, esa obligación limitaba la capacidad de rediseñar políticas y reasignar recursos de forma más eficiente.