La iniciativa que modifica el actual Régimen Penal Juvenil y el umbral de punibilidad será tratada en comisiones para luego ser llevada el jueves al recinto y darle la media sanción.
El Gobierno buscará llevar la punibilidad de menores a 13 años.
El Gobierno hizo formal este martes el envío del nuevo proyecto a la Cámara de Diputados que modifica el Régimen Penal Juvenil y busca bajar la edad de imputabilidad a 14 años, umbral de punibilidad consensuado con los bloques aliados para poder conseguir los votos necesarios que le den la media sanción en la sesión jueves.
Pese al retiro del proyecto inicial, el Gobierno mantendrá los ítems referidos al costo fiscal y su financiamiento: el primero de ellos es de $23.739.155.303, importe que se financiarán con partidas del Ministerio de Justicia y de la Defensoría General de la Nación.
En el llamado a sesión, convocada por el diputado de La Libertad Avanza Gabriel Bornoroni y otros diputados aliados, el temario abordará 16 expedientes que buscan modificar, crear o derogar leyes relacionadas con la edad de punibilidad para menores, la responsabilidad penal de adolescentes (mayores de 14 años y menores de 18), la derogación de la Ley 22.278 (Régimen Penal de Minoridad) y la Ley 22.803; y las modificaciones al Código Penal Argentino en relación con la minoridad.
En cuanto a las sanciones, la iniciativa introduce un abanico de penas y medidas alternativas a la prisión, tales como la prestación de servicios a la comunidad, la amonestación, la prohibición de conducir o de asistir a determinados lugares y el monitoreo electrónico.
Asimismo, fija una pena máxima de 15 años de prisión para delitos graves y un sistema escalonado donde la privación de la libertad quedaba reservada para casos de alta gravedad, con alojamiento en institutos especializados sin contacto con adultos.
La privación de libertad se contempla como una medida de último recurso, debiendo cumplirse en centros especializados y separados de los adultos, estableciéndose un plazo máximo de condena de veinte (20) años. Si la pena es menor a tres años, se priorizan medidas que no interrumpan la educación o el trabajo del joven.
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