El Gobierno justificó el cierre del Instituto Juan Domingo Perón, un centro de investigaciones que funciona desde 1997 en pleno barrio porteño de Recoleta y que, durante la última semana, la gestión de Javier Milei había anunciado su disolución.
El Gobierno defendió el cierre del Instituto Juan Domingo Perón tras la toma de su sede
El comunicado oficial se difundió este sábado a la tarde luego de que el dirigente social Juan Grabois anunciara en redes sociales la "recuperación" del edificio donde funcionaba el centro de investigaciones.
El comunicado oficial se difundió este sábado a la tarde luego de que el dirigente social Juan Grabois anunciara en redes sociales la "recuperación" del edificio donde funcionaba el Instituto, tras su ingreso al lugar junto a un grupo de jóvenes militante del Frente Patria Grande.
“Hace minutos la juventud del movimiento nacional recuperó del odio gorila la antigua residencia de Perón y Evita donde funcionaba el instituto de estudios Juan Domingo Perón disuelto ilegalmente por el régimen de Milei”, indicó Grabois, con una publicación en su cuenta de X, en la que también apuntó: “Aquí los antecesores de este gobierno tiraron sus bombas asesinas hace 70 años y el gobierno estafador destruyó las estatuas de nuestros próceres hace 7 días”.
El edificio, ubicado en la calle Austria 2593, fue declarado patrimonio histórico ya que fue la residencia presidencial de Perón y el sitio donde falleció Eva Duarte de Perón.
Conocido este hecho, el Gobierno salió al cruce y explicó que el cierre del Instituto fue impulsado porque "contaba con 20 empleados y generaba un gasto anual de más 400 millones de pesos". En ese sentido, sostuvo que "la totalidad de su presupuesto era destinado al pago de salarios y mantenimiento de servicios básicos, no habiendo realizado sus autoridades ninguna investigación".
En ese sentido, añadieron que "se tomaron las acciones pertinentes para resguardar el patrimonio histórico y cultural del Instituto, encontrándose todo inventariado y en proceso de selección para su destino a la Biblioteca Nacional y al Archivo General de la Nación".
Por último, catalogaron como "irrupción" y "violenta" la medida tomada por Grabois y argumentaron que "afortunadamente las medidas de salvaguarda del patrimonio evitaron que se produzca su daño, destrucción o desaparición".
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