El director de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, repudió la brutal represión policial desatada durante la manifestación de jubilados e hinchas que tuvo lugar el miércoles frente al Congreso Nacional. En el operativo, comandado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, hubo más de 150 personas detenidas y varios heridos, entre los que se encuentra el fotógrafo Pablo Grillo quien lucha por su vida.
El director de ARBA exigió poner límites a la violencia institucional y repudió la represión policial
Cristian Girard reclamó que "es urgente poner un límite a esta escalada de violencia institucional".
"Lo que presenciamos es gravísimo. Escuchar a efectivos de seguridad gritar 'vengan zurdos' mientras disparaban para reprimir a jubiladas y jubilados que reclamaban pacíficamente por sus derechos no solo es una afrenta a la democracia, sino que revela una escalada autoritaria preocupante", sostuvo Girard en su cuenta de X. En ese sentido, reclamó que "es urgente poner un límite a esta escalada de violencia institucional".
En la misma línea, el gobernador Axel Kicillof también repudió la represión: "La represión que se vivió fue completamente feroz, ilegal y premeditada. Una descarga de violencia sobre jubilados y ciudadanos que protestaban contra el ajuste. Lo de hoy es un atentado contra derechos esenciales de la democracia". Y remarcó: "Mientras un fotógrafo lucha por su vida, los voceros del gobierno mienten, justifican la violencia y difunden el odio. Hay que ponerle un límite urgente a este desenfreno autoritario".
Tanto Kicillof como Girard coincidieron en que la violencia desatada responde a una política sistemática que el Gobierno nacional despliega para imponer un ajuste económico que afecta a los sectores más vulnerables. "El peronismo tiene la responsabilidad histórica de actuar con firmeza y unidad para garantizar la paz social y evitar que esta locura siga avanzando", subrayó Girard.
La protesta de las y los jubilados se había organizado en reclamo de una actualización en sus haberes, debido al deterioro de su poder adquisitivo frente a la inflación. La violenta respuesta policial generó un repudio generalizado de amplios sectores políticos, sindicales y de derechos humanos.
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