Diputados dio media sanción a dos nuevos proyectos del Gobierno vinculados a la seguridad

En cuanto a la ley Antimafias, que incrementa y unifica penas para personas a las que se le atribuyen formar parte de una organización criminal, además de incrementar las potestades de las fuerzas de seguridad, obtuvo 137 votos a favor, 92 en contra y 0 abstenciones.

Tenencia de armas y prórroga de la entrega voluntaria: qué dice el proyecto

La modificación de la Ley 26.216 de Armas de Fuego, proyecto enviado el 15 de mayo pasado con las firmas de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el entonces jefe de Gabinete Nicolás Posse y el presidente Javier Milei, incorpora un procedimiento para la regularización de la tenencia legítima de armas mediante una declaración ágil y sencilla que puede realizarse de forma virtual.

Si el interesado renueva su Credencial de Legítimo Usuario dentro de los 90 días previos al vencimiento, no tendrá que acreditar nuevamente la idoneidad en su manejo en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).

El proyecto también plantea una prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta 31 diciembre 2027, para que aquellos que tengan armas sin autorización y deseen deshacerse de ellas lo puedan hacer voluntaria y anónimamente para su posterior destrucción, sin que ello conlleve consecuencias legales.

Quienes posean armas no autorizadas contarán con un plazo de 360 días para presentarse ante la ANMaC y entregar voluntariamente las armas a cambio de un incentivo económico, que consiste en un cupón de pago canjeable por efectivo.

El usuario que quiera acceder a este programa debe primero ingresar al sistema de forma virtual con un número de serie. El sistema permite detectar las armas que tienen pedido de secuestro y se ponen a disposición de la Justicia. Una vez que el usuario comparece ante el organismo, el arma entregada es inutilizada de forma inmediata delante suyo y posteriormente es destruida en un horno de alta temperatura.

Desde la ANMaC aclararon que esta legislación se centra en la tenencia legítima de armas de fuego, pero no en la portación, que únicamente es admitida en personal de fuerzas de seguridad, personal autorizado de seguridad privada y otros casos.

Según datos oficiales, se estima que hay en el país 800.000 armas no registradas ni autorizadas.

Tenencia de armas y prórroga de la entrega voluntaria: lo más destacado del debate en Diputados

A través del jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, y las intervenciones de sus pares de bancada Matías Molle, Juan Manuel Pedrini, Pablo Yedlin y José Glinski, desde la oposición propusieron incorporar el artículo 2 del dictamen de minoría.

El vicepresidente de la Comisión de Legislación Penal, Martín Soria, leyó la propuesta de Unión por la Patria para que “en caso de armas no registradas serán guardadas en los depósitos del Registro Nacional mientras dure el proceso de regularización”. Y en caso de no avanzar con el blanqueo de armas, se señala, “la agencia deberá dictar la destrucción de ese material”.

La presidenta de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, no dio curso al pedido, la moción fue sometida a votación, resultando rechazada.

La diputada cordobesa del PRO aclaró que tener un arma “no registrada es incurrir en un delito” por lo que explicó que la propuesta trae “dos soluciones”.

Por un lado, señaló la “entrega voluntaria de armas que se dejaron de usar por la cuestión que sea” y por el otro se ofrece la regularización de armas no registradas. Aclaró, sin embargo, que se estaba planteando modificar "la portación de armas porque es otra normativa”.

Soria, por su parte, alertó que “en Argentina se producen 8 muertes por día a causa de armas de fuego", y detalló que “uno de cada cuatro femicidios son cometidos con armas de fuego”.

"Es en este contexto que resulta una obligación y un deber que el Estado nacional, a través de los poderes, profundicen las políticas tendientes a eliminar la circulación de armas de barrios”, consideró.

“Cada arma que se logra sacar de las calles constituye una acción directa para construir una sociedad más segura para todos los argentinos”, reflexionó el rionegrino.

Ley antimafias: qué dice el proyecto

El régimen de Abordaje Integral contra el Crimen Organizado tipifica el crimen organizado en una lista de delitos y establece que existe este tipo de asociaciones cuando tiene como fin "la provocación de temor a las autoridades ejecutivas, legislativas o judiciales”, cuando "los mecanismos establecidos para hacer cumplir la ley son notoriamente insuficientes para hacer cesar una cadena de hechos delictivos", o cuando "estuviere amenazada por las acciones de miembros de una o más organizaciones con objetivos similares la propiedad inmueble del Estado Nacional".

El proyecto agrava las penas para aquellos a los que se los considere miembros de una asociación ilícita y colectiviza condenas a todos los miembros del grupo delictivo: "Será reprimido con la pena que correspondiera al delito más grave cometido por la organización".

También establece “Zona Sujeta a Investigación Especial”, donde se aplicarán mecanismos de actuación de urgencia en territorios que se consideren prioritarios.

En ese marco, las fuerzas federales pueden detener a una persona hasta por 48 horas por presunción de culpabilidad para realizar averiguaciones, inmovilizar sus activos e interceptar "llamados telefónicos, mensajería de redes sociales, plataformas virtuales y otras formas de comunicación".

También se implementarán decomisos anticipados de cualquier bien que sea producto de las actividades descriptas en la ley. Aún sin condena, estos bienes pasarán a ser dominio del Estado nacional y provincial que corresponda.