Denunciaron a otra empresa del Grupo Caputo por "simulación" y "actividad ilícita"

Sus únicos socios y autoridades, Luis María Méndez Escurra y Horacio Iván Gándara, presentaron libros societarios, que para el organismo de control son formalmente “inadmisibles” por las omisiones y falta de información, según publicó Télam.

Al mismo tiempo, en la denuncia remarcaron que Méndez Ezcurra es cuñado del exministro de Finanzas del gobierno de Cambiemos, Luis María Caputo, quien enfrenta una investigación judicial por las transferencias de dinero por la compra de muebles a Jonathan Morel, líder de “Revolución Federal”, quien se encuentra procesado por amenazas y actos de intimidación pública junto a otros tres integrantes de esa agrupación.

El fundamento en la denuncia contra la empresa del Grupo Caputo

La mecánica de simulación de actividades comerciales de “Chaqueña Bajada”, remite al mismo criterio que "Sache Rupaska S.A.” y “Caputo Hermanos S.A.”, otras de las empresas de la familia Caputo que investigó y denunció por irregularidades la IGJ.

Según se informó en la resolución de la IGJ cuando se llevó a cabo una inspección formal en la sede de “Chaqueña Bajada” en el microcentro porteño, una persona que se negó a ser identificada aseguró que no tenía relación con la sociedad y explicó que los libros contables y sociales “no se encontraban en el lugar”.

Por ello, la IGJ solicitó, bajo la resolución 1498, firmada por el director del organismo, Ricardo Nissen, la “acción judicial” por simulación y actividad ilícita y una multa de $100 mil por cada uno de los estados contables no presentados, o presentados a destiempo, bajo la evidencia que se efectuó una “registración falsa y una titularidad inmobiliaria ficticia”.

Los imputados en la causa Revolución Federal

Además de Jonathan Morel, están imputados en esta investigación a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, los integrantes de Revolución Federal, Leonardo Franco Sosa, Gastón Ezequiel Ángel Guerra y Sabrina Basile.

“Pudo comprobarse que, con tal accionar, atentaron contra el orden público y ocasionaron un claro perjuicio a los bienes jurídicos de la paz social y la tranquilidad pública necesarios para el funcionamiento de un Estado de Derecho”, especificó el magistrado al dictar, a principios de noviembre, los procesamientos de los integrantes de Revolución Federal.