De cara a la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados, el oficialismo buscará darle media sanción a una serie de proyectos económicos que considera prioritarios: la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal II. Además, se votará la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y un acuerdo comercial entre el Mercosur y Singapur.
Pero, después de dos meses sin sesionar en la Cámara Baja, el oficialismo definió un cambio de estrategia para garantizar el quorum y avanzar con su propia agenda: incorporar al temario proyectos reclamados por legisladores aliados y dialoguistas.
La estrategia apunta a sumar iniciativas de interés para las provincias y sus habitantes. Entre ellas, aparecen distintas declaraciones de capitales nacionales: la Ciudad de Buenos Aires como Capital Nacional del Teatro; Santa Cruz como Capital Nacional de la Natación de Aguas Frías; San Juan como cuna de Domingo Faustino Sarmiento y Capital Nacional de la Educación; y San Miguel de Tucumán como capital simbólica de la República Argentina cada 9 de julio, entre otras.
Se trata de proyectos que, en algunos casos, se contraponen con el espíritu libertario que el propio oficialismo suele reivindicar. A principios de este año, por ejemplo, el entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, publicó un mensaje irónico en su cuenta de X en referencia a un proyecto presentado por la diputada de Unión por la Patria Lucía Iañez para declarar a Etcheverry como capital provincial de la carrera de sortijas: "Prioridades de los diputados kirchneristas en la provincia de Buenos Aires. Fin".
Las negociaciones con los gobernadores —como ocurrió con el proyecto de tarifas para zonas cálidas impulsado por legisladores del Norte Grande— tampoco parecen ser suficientes y La Libertad Avanza necesita sumar gestos para asegurarse el acompañamiento de sus aliados.
LLA buscará la media sanción para la reforma del BCRA e Inocencia Fiscal II.
X (@DiputadosAR)
Por eso, este martes el oficialismo volvió a ampliar el temario e incorporó dos proyectos destinados a fortalecer las medidas de seguridad en el deporte y en actividades recreativas. Entre ellos está la denominada "Ley Joaquín", impulsada tras la muerte de Joaquín Stefano Gatto, un niño de 12 años que falleció en enero de 2026 luego de que le cayera encima un arco de fútbol sin anclaje. La iniciativa pertenece a la diputada de Unión por la Patria Luciana Potenza.
En este caso, la estrategia de la bancada oficialista es sostener el quorum hasta el final de la sesión, ya que los proyectos incorporados a último momento serían tratados en el cierre del debate.
Las negras también juegan
Si bien el oficialismo confía en tener los votos para aprobar sus proyectos económicos, la oposición prepara una jugada para medir fuerzas de cara a una eventual sesión a comienzos de septiembre.
Hay más de 30 proyectos vinculados al problema del endeudamiento de las familias y la intención opositora es solicitar un apartamiento del reglamento para incorporar esas iniciativas al temario. Como para aprobarlo se requieren tres cuartas partes de los votos de los presentes y la oposición no cuenta con ese número, el verdadero objetivo es comprobar si puede reunir los 129 votos necesarios para garantizar el quorum en una próxima sesión.
En el oficialismo aseguran que la oposición no llegará a ese "número mágico". Sin embargo, la votación servirá como una primera fotografía de la relación de fuerzas en la Cámara Baja y de las posibilidades de volver al recinto en las próximas semanas.
En paralelo, crecen las especulaciones sobre los temas que se abordarán en la reunión que Javier Milei mantendrá esta tarde con diputados y senadores en Casa Rosada. Entre ellos podría aparecer la situación de los deudores del sistema financiero, a partir del tuit de Matías Fernández que el Presidente retuiteó y en el que difundió la base completa de deudores del Banco Central y la cruzó con datos de ARCA.
Con la cruzada contra los deudores, el Gobierno busca instalar un nuevo relato alrededor de la morosidad y, al mismo tiempo, deslegitimar cualquier iniciativa que pueda avanzar en el Congreso vinculada al endeudamiento de las familias.