Cristina Kirchner presentó un pedido ante la ONU para suspender su inhabilitación política y revisar su condena

La defensa de la expresidenta Cristina Kirchner hizo una presentación formal ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, donde solicitó la suspensión cautelar de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la revisión de la condena a seis años de prisión domiciliaria confirmada en la causa Vialidad.

A través de una adenda jurídica elaborada por los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, la exmandataria sostiene que a lo largo del juzgamiento en la Argentina se vulneraron de manera sistemática las garantías procesales y los derechos fundamentales consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El escrito radicado ante la ONU incorpora tres hechos de especial gravedad institucional. En primer lugar, la defensa denunció una serie de actos de intimidación recientes, entre los que se destacan declaraciones públicas de jueces intervinientes, ejecuciones sobre los bienes de la expresidenta y constantes publicaciones hostiles realizadas por el presidente Javier Milei.

Asimismo, pone énfasis la filtración no autorizada de videos correspondientes al allanamiento realizado en 2018 en su vivienda privada de Recoleta, señalando que la exposición de sus espacios íntimos constituye una clara violación de su derecho a la vida privada protegido por el artículo 17 del Pacto.

El equipo de abogados de Cristina Kirchner, integrado por el español Javier Borrego, Carlos Beraldi y el brasileño Rafael Valim.

En el plano probatorio, el pilar central del reclamo se apoya en una pericia de la consultora Specs elaborada a partir de documentación oficial incorporada en agosto de 2026 en el marco de la causa Cuadernos. El análisis sobre los fondos del fideicomiso vial SISVIAL (Fuente 14) reveló que de un total de u$s2.200 millones desembolsados, el Grupo Austral de Lázaro Báez recibió únicamente u$s18,66 millones, cifra equivalente al 0,85% del total.

El informe demostró además que el mayor beneficiario de dichos giros fue la firma IECSA S.A., vinculada a Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri, lo que contradice el argumento central utilizado por el Tribunal Oral Federal 2 para fundar la sentencia.

En términos de plazos y estrategia, el equipo jurídico busca que el cuerpo de 18 expertos independientes que integra el Comité trate la solicitud de medida cautelar durante su próximo período de sesiones, previsto entre octubre y noviembre. Al respecto, el letrado brasileño Rafael Valim -quien integró la defensa internacional de Luiz Inácio Lula da Silva- expresó su confianza en que el organismo reconozca las arbitrariedades del proceso judicial argentino. De manera complementaria, los letrados alistan un recurso de revisión ante la Cámara Federal de Casación Penal para exigir la inmediata suspensión de los efectos del fallo.

La defensa de la expresidenta busca que el Comité de Derechos Humanos examine el caso.