El fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia que ratificó la condena a 6 años de prisión contra la expresidenta Cristina Kirchner por el delito de "administración fraudulenta" en perjuicio del Estado, en el marco de las licitaciones viales en Santa Cruz y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos provocó una fuerte ola de repudios y muestras de apoyo desde diversos sectores políticos, sociales y sindicales de todo el mundo.
Amplio respaldo internacional a Cristina Kirchner tras la ratificación de su condena: "Es un golpe judicial"
Líderes y organizaciones de América Latina y Europa denunciaron la inhabilitación de la expresidenta como un caso de persecución política y lawfare.
Desde España, figuras como Ione Belarra, Irene Montero y Gerardo Pisarello señalaron que se trata de una "guerra sucia judicial" contra líderes populares. “La quieren presa y fuera de la política”, expresó Montero, mientras que Pisarello denunció una “proscripción” y pidió respetar los derechos constitucionales del pueblo argentino.
En Francia, el líder de izquierda Jean-Luc Mélenchon calificó como corruptos a los jueces que tomaron la decisión, comparando la situación con la persecución que sufrió el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. En la misma línea, la diputada Sophia Chikirou advirtió sobre un nuevo caso de lawfare que intenta evitar la candidatura de Fernández de Kirchner en las elecciones de octubre de 2025.
Organizaciones como la Red de Jóvenes y Estudiantes de la Internacional Antifascista emitieron un fuerte comunicado en el que acusaron a los poderes judiciales de América Latina de actuar como “instrumentos de las oligarquías”, comparando la actual ofensiva con una reedición del Plan Cóndor.
En América Latina, las reacciones no se hicieron esperar. Desde Bolivia, el presidente Luis Arce y el ex mandatario Evo Morales condenaron la sentencia y denunciaron una persecución política sistemática. “Ya no son los militares, ahora son jueces serviles los que ejecutan golpes judiciales”, afirmó el exmandatario.
El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil emitió un comunicado en el que sostuvo que Cristina Kirchner es “la mayor víctima de la violencia política y el lawfare” desde el regreso de la democracia en 1983. A su vez, el Instituto Lula y asociaciones de jueces y juristas de ese país alertaron sobre graves irregularidades procesales, cuestionando la imparcialidad de los jueces involucrados.
Desde Cuba, tanto el presidente Miguel Díaz-Canel como el canciller Bruno Rodríguez expresaron su apoyo a la ex mandataria argentina, a quien consideran víctima de una “judicialización política” impulsada por sectores de derecha.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, recordó el respaldo que Cristina Kirchner dio al pueblo hondureño durante el golpe de Estado de 2009 y la calificó como “una figura clave en los avances de la democracia en la región”.
También la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) condenó la decisión judicial, señalando que el proceso contra la ex presidenta argentina viola derechos fundamentales como el debido proceso y la presunción de inocencia. En una declaración firmada por su capítulo de América, la organización aseguró que no puede haber democracia sin justicia, ni justicia con proscripciones políticas
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