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La decisión del ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, se basa en que la intermediación no fue eficaz para promover la integración socio-laboral de los beneficiarios en el mercado de trabajo formal.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez pidió al Poder Judicial que le ordene a la Cámara de Diputados y al Senado que determine "en el plazo de 30 días hábiles" si el DNU Nº 70/2023 es válido o inválido.