Para el gobierno de "las fuerzas del cielo", los riojanos también somos la casta

Las dilaciones y las negativas de Javier Milei para desembolsar los fondos extracoparticipables, acordados oportuna y legalmente, ya están causando un fuerte impacto en la gestión provincial.

El gobernador de la provincia, Ricardo Quintela advirtió que el Gobierno Nacional adeuda fondos extracoparticipables acordados oportuna y legalmente a través del reconducido Presupuesto 2023 que la gestión de Milei pretende no reconocer, con la excusa de que se trata de un acuerdo discrecional consolidado con el ministro de Economía del gobierno anterior, Sergio Massa, y que, por lo tanto, no es responsabilidad del actual gobierno.

El hecho es que tal retraso está ocasionando hasta el presente a la provincia, un perjuicio equivalente al 30 por ciento de los fondos que La Rioja recibe por fuera de la coparticipación en carácter de compensación por el punto perdido en el año 1988 y que, no se trata de un privilegio, sino de una instancia prevista en la creación del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional por la propia Ley 23.548 de Coparticipación Federal.

En su entorno, Quintela se queja de que Milei se comporta como si no fuera garante de los acuerdos suscriptos entre la Provincia y la Nación, por el hecho de que hayan sido suscriptos por un gobierno que no es el suyo, como si el funcionamiento del Estado Nacional hubiera nacido con la fecha en que el presidente libertario llegó al poder.

Las dilaciones y las negativas del gobierno nacional ya están causando un fuerte impacto en la gestión provincial en el marco de un escenario de profunda incertidumbre, mientras el Congreso trata la conocida como Ley Ómnibus y se dispone a también a tratar la pertinencia del judicialmente cuestionado Mega DNU que modifica leyes en casi todos los órdenes del gobierno de la República Argentina.

Desde el gobierno local, se subrayó lo dramático de la situación en que están las provincias argentinas, ya que, con la decisión del saliente ministro de economía Sergio Masa –y, seguidamente del Congreso-- de derogar el pago de Ganancias de la cuarta categoría y la devolución del IVA en la compra de artículos de la canasta básica, se resignó parte de la masa coparticipable y no se avizoran alternativas para cubrir el desfinanciamiento de los estados provinciales a pesar de los reclamos de los gobernadores, muy especialmente del gobernador riojano, quienes chocaron con el gobierno a la hora de presentar alternativas que fueron rechazadas por el Presidente.

En efecto, tras resignar los recursos que ingresaban por Ganancias y por el IVA a las provincias, un grupo de gobernadores propuso coparticipar el 50 por ciento del Impuesto al Cheque, entre otras medidas paliativas, pero el gobierno nacional, especialmente interesado en justificar el regreso del impuesto a las ganancias, no solamente se negó, sino que intentó convencer a la sociedad de que los propios gobernadores habían pedido derogar la flamante ley que excluía del pago de esta suerte de “impuesto al trabajo” con la finalidad de eludir el costo político de la medida.

Por otra parte, resultan muy preocupantes las declaraciones realizadas por el propio Presidente, tanto en campaña como durante su gestión, que ponen en duda su voluntad de observar los preceptos claramente establecidos en la Constitución Nacional en relación al vínculo institucional que unen a la Nación con las Provincias, que incluyen, entre otros aspectos, la titularidad sobre los recursos naturales, y los más elementales principios del federalismo.

En medio de un escenario extorsivo, de todo tipo de presiones hacia las provincias, creado por el propio gobierno nacional, también se está librando un combate comunicacional, en el que no está exenta la difusión de información falsa, como bajarle el precio a la calidad institucional de un instituto establecido por la ley, como es el Fondo de Aportes para el Tesoro Nacional para garantizar una justa distribución de los recursos a los que también aportan las provincias; así como tratar de visualizar como privilegios las eventuales compensaciones --como se da en el caso de La Rioja-- que, además, no es la provincia más beneficiada con los Aportes del Tesoro Nacional.

Y, lo que es mucho más grave: que un diputado riojano y con una gran responsabilidad institucional en el Congreso, como es Martín Menem, mienta con descaro al afirmar con los fondos que demanda la provincia están en su poder, debilitando una negociación que es esencial para el bienestar de todos los riojanos, y sembrando las sospechas de corrupción sobre una administración que, desgraciadamente, se ve en la necesidad de hacer uso de todas las fuerzas para que la población, especialmente la más vulnerable, esté, al menos, dignamente alimentada, a raíz de una situación de la que el joven e inexperto legislador es co-responsable.

Finalmente, si de posicionamientos claros se trata, hay que poner en la balanza el crecimiento político del gobernador riojano en la escena nacional, quien se transformó en el único gobernador que acudió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con un pedido de declaración de certeza sobre la constitucionalidad del DNU, que el Tribunal tratará tras la feria judicial, con el patrocinio, nada más y nada menos, que de un ex integrante de la Corte y jurista de nota, como es Raúl Eugenio Zaffaroni, quien, al igual que Quintela, no es precisamente “un amigo” de los sectores que representan a la derecha anti peronista en la Argentina.

Como sea, creemos que los tristes acontecimientos a los que los argentinos nos vemos arrastrados por el gobierno nacional, sirven para tener en consideración que, lamentablemente, para Mieli y sus amigos, los riojanos, también somos la casta.

Hugo De Torres es periodista de medios públicos La Rioja.

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