¿Es legal el acuerdo con el FMI?

Por otra parte, el gobierno de Macri tampoco pidió el dictamen que tiene que tener el Banco Central para evaluar la contracción de este tipo de crédito y el impacto que va a tener en la balanza de pago. Pero además no hay ningún tipo de dictamen jurídico anterior a la contracción de este préstamo.

Es decir que el Ejecutivo de ese entonces no emitió ningún tipo de decreto ni tampoco se estableció ningún tipo de resolución anterior al acto de constitución. Todas las cuestiones o los actos jurídicos fueron posteriores a la firma de la carta de intención. El primer expediente interno del Estado Nacional fue iniciado por el Ministerio de Hacienda el 21 de junio del 2018, nueve días después de haberse firmado la carta de intención, esto significa que lo que debería haberse hecho antes se realizó con posterioridad.

Estas cuestiones lejos de ser antojadizas o arbitrarias están contempladas en la legislación vigente, en la Ley de Procedimientos Administrativos y en lo que respecta al dictamen fundamental del Banco Central para saber el impacto de la deuda, en el artículo 61 de la Ley de la Administración Financiera.

Por otra parte, las proyecciones adjuntas en los memorandos que están con las cartas de intención, no se fundan ni se respaldan en ningún informe, estudio o dictamen previo. Es decir, que cómo iba a impactar esa deuda en el patrimonio del estado nacional y en todos los argentinos, no tenia ninguna evaluación anterior. Es por eso que, más allá del acuerdo con el FMI, la investigación penal sigue vigente.