Cuando el consenso cruje: el retroceso del Estado frente a los derechos humanos

Antes de empezar a desandar el camino de hoy, conviene dejar algo en claro: ¿de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos? Aunque muchos crean que no hace falta ninguna aclaración, los maltrechos tiempos que nos toca vivir vuelven indispensable precisar a qué nos referimos y cómo surgieron, porque no se trata de una consigna vacía ni de una construcción caprichosa, y mucho menos de una invención de un puñado de políticos trasnochados reunidos en asamblea.

La noción de derechos humanos nació como una respuesta consciente, deliberada y profundamente política frente al horror y la tragedia. Fue la búsqueda de un consenso global que dejara establecido, de manera explícita e indubitable, que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, sin ningún tipo de distinción posible.

Cabe destacar que fue una reacción moral y política del mundo ante las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial, las que marcaron a fuego al siglo XX y demostraron hasta dónde puede llegar el Estado cuando no reconoce límites. Surgieron para denunciar los estragos organizados en nombre del poder estatal sobre la vida de las personas y para frenar a quienes, envalentonados por ese poder, arrasan con la vida de seres humanos.

Su redacción comenzó en 1946, en el marco de una ONU recientemente creada, a través de un comité compuesto por representantes de diversas tradiciones culturales, políticas y religiosas, con el objetivo de que convivieran miradas distintas y se pudiera construir un piso común de derechos para toda la humanidad. El texto final fue el resultado de negociaciones enormes y complejas y fue aprobado el 10 de diciembre de 1948. Cuenta con 30 artículos que consagran derechos civiles y políticos fundamentales junto con derechos económicos, sociales y culturales inalienables. Desde entonces, es la piedra angular del derecho internacional en materia de derechos humanos.

Hay un punto que no admite tergiversaciones: los derechos humanos son universales. Pertenecen a todas las personas, en todos los lugares, sin distinción de raza, sexo, orientación sexual o identidad de género, religión, idioma, opinión política, origen social o nacional, condición económica o cualquier otra circunstancia. Todos los gobiernos, sin excepción, están obligados a promoverlos y protegerlos. Además, son indivisibles e interdependientes: vulnerar un solo derecho es debilitar el conjunto. Y es justamente allí donde hoy algunos intentan confundir, relativizar o directamente borrar su esencia.

Llegados a este punto, la pregunta es inevitable: ¿se cumplieron, a lo largo del tiempo, los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos? La respuesta no sorprende, pero sí debe incomodar: no. Lejos de consolidarse, en muchos casos los límites se diluyeron y las nociones básicas fueron deformadas tanto desde la política como desde el sentido común.

Esa distorsión no es inocente. Se alimenta de discursos que vacían de contenido a los derechos humanos y los presentan como un privilegio mal otorgado. De allí surge una frase tan repetida como falaz: “Se defienden los derechos humanos de los delincuentes y no los de las víctimas”. El error es profundo. Los derechos humanos no se aplican entre personas: son obligaciones del Estado frente a los seres humanos, incluso también frente a quienes delinquen.

Esto suele generar enojo, pero conviene decirlo sin rodeos: los derechos humanos de quienes delinquen no se anulan por el hecho de haber cometido un delito. En esos casos lo que los derechos humanos buscan evitar es que el Estado torture, humille o mate a personas bajo su custodia, porque allí reside el mayor riesgo de abuso, incluso el Estado debe garantizarles condiciones dignas y de reinserción social. Para condenar existe la Justicia, que sanciona con prisión y pérdida de la libertad. Cuando la Justicia se equivoca o bien la sentimos injusta, el problema no son los derechos humanos, el problema es la justicia, su ausencia o su falta.

Ahora bien, ¿qué ocurre en la Argentina en materia de derechos humanos desde 2023? La pregunta duele porque interpela una historia reciente que fue ejemplar.

Durante todo el período democrático, el país construyó un consenso sólido: el Estado puede y debe ser juzgado cuando viola derechos. Ese camino tuvo un hito ineludible el 9 de diciembre de 1985, cuando la Cámara Federal Criminal y Correccional dio a conocer la sentencia del Juicio a las Juntas en las que un tribunal civil integrado por seis jueces argentinos condenó a los ex comandantes de la última dictadura por crímenes de lesa humanidad.

Fue un juicio justo, con las garantías del debido proceso ejecutado sobre los responsables de un aparato represivo sin precedentes en nuestra historia. Ese fallo colocó a nuestro país a la vanguardia mundial y sentó un precedente inédito: a diferencia de Nüremberg, fue una justicia íntegramente nacional juzgando a sus propios verdugos.

Ese consenso hoy cruje. En los últimos años, y con mayor profundidad en 2025, se registra un deterioro alarmante. Amnistía Internacional advirtió que el Estado “ha consolidado un modelo donde el control social prevalece sobre la garantía de derechos humanos”, describiendo un retroceso acelerado y multidimensional. El informe señala “un gobierno que concibe a las personas como costos, a los derechos como obstáculos y a la crítica como una amenaza”. A ello se suma un dato institucional grave: Argentina lleva más de una década sin Defensor del Pueblo, un cargo vacante desde 2009.

En este contexto debe leerse la renuncia del subsecretario de Derechos Humanos Alberto Baños, quien antes de dejar su cargo había avanzado en el desguace sistemático de las políticas estatales en la materia: eliminó direcciones dentro de la Secretaria, impulsó despidos masivos, suspendió el recital de Milo J en la Ex Esma, negó la cifra de 30.000 desaparecidos ante el Comité contra la Tortura de la ONU y votó, junto a Estados Unidos e Israel, en contra de una resolución para eliminar la tortura.

Tal vez esa haya sido la llamada “mirada distinta” que prometió al asumir su cargo: un intento de relativizar consensos básicos construidos desde 1983.

Y es que la discusión no es solo semántica: es una cuestión política de fondo que interpela hasta dónde puede retroceder el Estado sin poner en riesgo el pacto democrático.

El debate sobre los Derechos Humanos no pertenece al pasado: es profundamente actual. Porque cada vez que el Estado decide correrse de lo consensuado, no se debilita únicamente un acuerdo histórico, sino que se erosiona la democracia en su conjunto. Y cuando los derechos dejan de ser universales, lo que queda en peligro no es la memoria, sino el futuro.

La democracia, bien entendida, no se limita a la elección periódica de representantes: implica también la obligación indelegable de proteger a los ciudadanos de los abusos del poder. Y cuando esos abusos se producen, deben ser juzgados por la propia democracia. Argentina no solo ha sido ejemplo en la región y en el mundo; Argentina sabe, por experiencia propia, que Memoria, Verdad y Justicia no son consignas: son el límite que impide que el horror vuelva a repetirse.