En un mensaje emitido en cadena nacional, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció su renuncia al cargo. La decisión se produce en el marco de un escándalo financiero que atraviesa el país, generando un fuerte impacto político e institucional.
La oposición argumenta que, al renunciar, el mandatario conservaría sus fueros como senador vitalicio, lo que le impediría afrontar judicialmente la situación, en la que hay posibles conflictos de intereses por los vínculos comerciales que el mandatario mantuvo con el grupo empresarial que controlaba el banco Ueno Bank, intervenido por el Banco Central de Paraguay (BCP) el martes por problemas de solvencia, que comprometió los ahorros de casi la mitad de la población del país..
La renuncia se anunció mientras la Cámara de Diputados debatía un pedido de juicio político contra el mandatario y su vicepresidente, Pedro Alliana. La diputada nacional Johanna Ortega acusó: "Acá lo que quieren hacer y para que la gente que está afuera sepa: la renuncia de Santiago Peña está llegando y le quieren dejar impune. Si él renuncia va a tener fueros de senador vitalicio, entonces los oficialistas que hoy se comprometieron a votar están dilatando para que el Congreso nacional le acepte la renuncia y le deje con fueros para que no se vaya preso".
"Si quieren de verdad y si tienen huevos votemos la destitución del presidente y mandenle a la cárcel. La gente quiere la destitución y no quiere a Santiago Peña sin fueros", concluyó la legisladora.
La acusación de juicio político contra Santiago Peña por la crisis bancaria en Paraguay
El libelo acusatorio contra Peña pide enjuiciar al presidente por el hecho de haber conservado, al asumir el cargo, una participación patrimonial en Ueno Holding SAECA y, paralelamente, promover una ley para flexibilizar el régimen de conflicto de intereses y nombrar a ex directivos del grupo en organismos clave de supervisión del sistema financiero, como el Banco Central, facilitando convenios y adjudicaciones públicas a empresas vinculadas.
A la vez, acusa a Peña de "manipulación regulatoria y concentración de fondos del sistema jubilatorio", en una maniobra que involucró aproximadamente el 11% del portafolio global del IPS, sobrepasando el límite legal del 10% por emisor, bajo la injerencia directa de asesores presidenciales.
También, de haber sobrepasado los límites crediticios al permitir que Ueno Bank coloque dinero más allá del tope legal de 20% del patrimonio de la entidad.
La acusación señala que el Banco Central convalidó maniobras de cesión de cartera para encubrir la falta y que el presidente omitió ejercer sus potestades de control y remoción antes de la intervención del banco.
A la par, el libelo destaca un incremento no justificado del patrimonio neto del mandatario, de más de 1.600% entre 2017 y 2023; además de haber obtenido créditos de Ueno Bank con cuotas mensuales que sextuplicaban su salario como presidente.
En el último punto, se acusa a Peña de “afectar la confianza en el sistema financiero y riesgo sistémico”, ya que “la injerencia política y la falta de imparcialidad del ente regulador minaron la credibilidad del sistema bancario nacional, exponiendo a los recursos públicos y a los fondos de la seguridad social a una situación de vulnerabilidad institucional”.