Un fallo en Estados Unidos evitará que Argentina tenga que pagarle más de mil millones de euros a un fondo buitre

La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, desestimó por un error procesal un planteo de varios grupos económicos tenedores de bonos emitidos en 2005 para canjear la deuda que había quedado en default en 2001.

La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, falló este lunes a favor de Argentina en el juicio por los bonos Cupón PBI, emitidos en 2005 para canjear la deuda que había quedado en default en 2001. Con esta decisión, el Estado se evita de pagar 1.300 millones de euros. El país había sido acusado de perjudicar a los inversores cuando modificó la metodología de para calcular el producto bruto interno (PBI), que derivó en que se paguen menos intereses de deuda en 2013.

El Estado argentino consiguió de esta manera una victoria en primera instancia en los tribunales estadounidenses frente a la demanda que iniciaron de manera conjunta los fondos Aurelius Capital, Novoriver, ACP Master, 683 Capital, Adona, APE Group.

Según explicó Sebastián Maril, director de Research for Traders, "la magistrada se limitó a decir que los demandantes entraron por la puerta equivocada y no tenían el derecho de presentar la demanda por no cumplir con ciertos requisitos", por lo que se trató más bien de una cuestión de formas que de fondo.

La acusación es por cambios en las estadísticas del INDEC durante la presidencia de Cristina Kirchner, lo que generó un perjuicio en los tenedores de los bonos, que tuvieron una menor rentabilidad para los cupones atados al PBI, emitidos junto a los bonos en la reestructuración 2005 de la deuda y atados al crecimiento de la economía local.

Loretta Preska
La jueza Loretta Preska falló a favor de Argentina.

La jueza Loretta Preska falló a favor de Argentina.

En paralelo, el Estado Argentino fue condenado en 2023 en tribunales ingleses, ya que los bonos fueron emitidos también según la legislación europea. El país apeló la decisión, pero eso requirió la creación de un fideicomiso para depositar u$s337 millones como garantía, un movimiento que fue realizado por el Gobierno de Javier Milei la semana pasada.

Los fondos buitre, que poseían alrededor del 48% de los títulos vinculados al PBI de Argentina en 2013, sostenían que les correspondían una serie de pagos que no se realizaron debido a que, durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner, Guillermo Moreno modificó desde el INDEC los datos del PBI nacional para evitar los desembolsos.

Hace poco menos de un año, los bonistas ganaron el juicio y se dictaminó que Argentina debía pagar 1.330 millones de euros (u$s1.440 millones) más intereses en relación con todos los títulos vinculados al PBI.

Sin embargo, según publicó la agencia Reuters, Argentina tuvo el permiso para impugnar esa sentencia: así lo informaron los abogados que representaron a la Nación en documentos judiciales presentados en una audiencia preliminar en el Tribunal de Apelación de Londres.

Por otro lado, Maril detalló que "existe otro caso por u$s6.000 millones presentado por los mismos demandantes y el Bank of New York como representante de todos los bonistas que aún sigue abierto y seguramente ingresó por la puerta correcta".

Cupones PBI: qué son y cómo se originó la deuda

Los cupones PBI se emitieron en 2005 como parte de la reestructuración de la deuda defaulteada en 2002, liderada por el entonces ministro de Economía Roberto Lavagna y su secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen. Estos bonos debían pagar rendimientos a los tenedores cada vez que la Argentina alcanzase un crecimiento de su Producto Bruto del 3,3% anual.

Tras su salida al mercado, los cupones PBI rápidamente se convirtieron en uno de los activos favoritos del mercado local ante el crecimiento a "tasas chinas" que tuvo lugar durante la presidencia de Néstor Kirchner y el primer mandato de Cristina Kirchner.

En el último trimestre del 2013, se cambió la fórmula de cálculo del PBI y el crecimiento anual de ese entonces cerró en 3,2%, un 0,1% por debajo del 3,3% que obligaba al pago. Así, ya no hubo nuevos desembolsos por ese concepto.

Esos pagos no concretados fueron los que generaron la demanda resuelta el año pasado en Londres que sumó u$s1.440 millones a la deuda externa nacional.

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