Los últimos datos de las cuentas del sector público nacional correspondientes al mes de febrero estarían en línea con las de enero, cuando el Gobierno logró un superávit primario y financiero bastante abultado, en un contexto de baja ejecución presupuestaria.
Por el brutal ajuste, el Gobierno va camino a lograr otro superávit fiscal en febrero
A pesar de la caída de la recaudación, las cuentas del sector público alcanzarían otro mes de superávit primario y financiero por los recortes de los subsidios a CAMMESA, las transferencias a las provincias y municipios, y las reducciones de las jubilaciones y pensiones.
La continuidad de las políticas de recorte de gasto público que encaró el gobierno de Javier Milei en el primer mes del año arrojarían el mismo resultado favorable para el segundo mes del año, aunque un poco más atenuado por el incremento del gasto previsional que representaron los bonos de $70.000 para los haberes mínimos de los jubilados.
Por tal motivo, el ministro de Economía, Luis Caputo, podría volver a adelantar el anuncio de estos datos, que por lo general se realizan entre el día 20 y 21 de cada mes, para enviar una señal positiva a los mercados a partir de la confirmación de la premisa que comparte con el Presidente de que "el déficit cero no se negocia".
Según publicó Ámbito, uno de los elementos que abona la teoría de que el resultado sería menos abultado que el de enero es que en febrero la recaudación fiscal se desplomó 11% en términos reales, como producto de una baja de casi el 40% de Impuesto a las Ganancias, que es uno de los impuestos clave del sistema.
Para alcanzar el superávit en febrero, uno de los recortes clave serían los subsidios a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). Las quejas de las empresas distribuidoras sobre los incrementos de tarifas que están recibiendo de CAMMESA demuestran que el Gobierno se mantuvo en febrero en la misma línea que adopto en enero, donde el recorte real de ayudas del Estado fue del 77% interanual (unos $300.000 millones).
Si se toman los datos devengados de la Administración Pública Nacional (APN) como una aproximación del comportamiento del Poder Ejecutivo en relación a los gastos, el recorte sería del orden del 30%, informó Ámbito en base a datos de la Asociación Argentina del Presupuesto y la Administración Financiera Pública (ASAP).
El mes pasado hubo un déficit financiero estimado en $186.635 millones, que resultó 93% más bajo que el del mismo período de 2023. En tanto, hubo un superávit primario devengado de $929.124 millones.
Hay que tener en cuenta que en enero el Gobierno incrementó la deuda flotante en $505.179 millones. De ellos, $288.190 fueron transferencias, la mayoría con provincias, y $132.000 millones en salarios. Al sumar el saldo del 2023, el gobierno arrancó febrero con una deuda flotante de $1,28 billones.
Las erogaciones de capital se redujeron un 84,1% respecto a febrero de 2023, como consecuencia de una fuerte reducción en la Inversión Real Directa (-77%) y en las Transferencias de Capital a Provincias (-94,4%).
En lo que se refiere a los subsidios a la energía, se observa una caída del 60,1%. Los subsidios al transporte, que representaron el 2,9% del gasto primario, sufrieron una caída del 67,9%.
En febrero se registró una nueva caída de las Transferencias Corrientes destinadas a Provincias y Municipios del 46,6%. Una de las principales transferencias a provincias es el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). En febrero de 2024, se desafectaron $244 millones que habían sido devengados previamente, lo que provocó una caída de más del 100% en comparación con el mismo período del año anterior.
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