La salida de la convertibilidad y la pesificación de los depósitos provocaron un derrumbe del peso, que perdió tres cuartos de su valor frente al dólar, mientras la deuda en cesación de pagos escalaba a más del 160% del PIB. Sin embargo, la fuerte devaluación también volvió altamente competitivas a las exportaciones argentinas. Ese impulso, combinado con precios internacionales récord para las materias primas, generó un boom comercial del que se benefició el gobierno de Kirchner, elegido en 2003, y permitió una fuerte acumulación de reservas.
Dos años después, con la economía creciendo cerca del 8%, el Ejecutivo acordó con el 76% de los acreedores y avanzó en la mayor reestructuración de deuda de la historia local. La culminación simbólica de ese proceso, en el que el ministro de Economía Roberto Lavagna tuvo un papel decisivo, fue el pago total al FMI por US$9.800 millones, que puso fin a la injerencia directa del organismo en la política económica argentina.
¿Néstor desendeudó o no?
El gobierno de Néstor Kirchner terminó siendo, según datos del propio Fondo, el que más pagos realizó al organismo desde 1983. Entre junio de 2003 y julio de 2005 giró US$13.212,84 millones entre capital e intereses, cifra que duplicó lo abonado por las administraciones combinadas de Eduardo Duhalde y Fernando de la Rúa, e incluso superó el total pagado durante los años de Carlos Menem.
En detalle, su gestión canceló US$12.088,11 millones de capital y US$1.124,73 millones en intereses, mientras que los desembolsos recibidos del FMI en ese mismo período sumaron US$7.843,56 millones. El resultado fue una reducción neta de deuda por US$4.244,55 millones, proceso que culminó con la cancelación anticipada anunciada en diciembre de 2005.
En aquel momento, las críticas se enfocaban fundamentalmente en el costo financiero de la maniobra, argumentando que el mercado internacional prestaba a tasas más altas que las del FMI. Incluso así, no abundaban los economistas que rechazaran de plano la decisión. Entre los pocos críticos irreductibles figuraba el entonces consultor José Luis Espert, ahora separado del espacio libertario por sus vínculos con el presunto narco Fred Machado, quien advertía que el pago era una “mala señal” hacia los mercados.
Otros especialistas, incluso un gran porcentaje de la rama "ortodoxa", adoptaron un enfoque más matizado. Eduardo Levy Yeyati, director del Centro Internacional de Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella, consideró en su momento que la cancelación no era la opción más eficiente desde lo financiero, pero reconocía que, en un contexto de expansión económica, “utilizar recursos para cancelar deuda es mejor que gastarlos”.
Javier González Fraga, expresidente del Banco Central durante el menemismo y del Banco Nación en tiempos de Mauricio Macri, declaró en su momento que insistir en un nuevo acuerdo con el Fondo habría implicado un costo mayor: aceptar recomendaciones de política económica que Argentina ya había aplicado sin éxito, como la libre flotación cambiaria, contraria al objetivo kirchnerista de mantener un tipo de cambio alto para sostener la industria. "Si para refinanciar la deuda con el FMI hay que hacerle caso con recomendaciones de políticas que no han funcionado en el pasado, entonces lo barato sale caro", afirmó Fraga tras el anuncio, al diario La Nación.
El "préstamo" de Chávez
El debate sobre el vínculo financiero con Hugo Chávez suele reaparecer en este punto, traído a la escena sobre todo por el antikirchnerismo, que por una lado señala la inconveniencia financiera y por el otro suele dejar flotar sospechas de corrupción vinculadas a la operación.
Pese a que hoy muchas veces se las describe como un “préstamo” del chavismo, se trató en rigor de compras de bonos argentinos a tasas elevadas (se llegó a pagar por los bonos que, entre otros, adquirió Venezuela tasas del 16%, cuando el FMI hubiera implicado tasas del 4-5%).
Según M&S Consultores, en 2005 Venezuela adquirió US$1.563 millones en Boden 2012 y, en 2006, otros US$2.865 millones. En 2008 compró en forma directa US$1.000 millones del Boden 2015, con una tasa cercana al 16% anual. En total, las compras venezolanas sumaron al menos US$5.600 millones entre 2005 y 2008.
La hipótesis de que el pago al FMI se hizo con dinero venezolano, agitada por las usinas de discusión libertarias, choca principalmente con las cifras del monto total devengado al organismo durante toda la presidencia de Néstor Kirchner, que supera ampliamente la apuesta venezolana a los bonos argentinos, en un momento en el que el país estaba fuera de los mercados de deuda.
La compra de bonos venezolana sumó, hasta 2008, poco más de US$5.000 millones y los pagos al FMI implicaron más de US$13.000 millones. Tal como se señaló más arriba, la decisión tuvo un sentido de política económica más que de rentabilidad financiera, privilegiando los efectos positivos que la medida implicaba para la economía real, cuyo crecimiento venía impulsando fuerte la acumulación de reservas, con las que se canceló la mayor parte de la deuda con el FMI.
La prédica libertaria, en este debate, omite que la operación tiene muchos puntos en común con el reciente "rescate" de la administración Trump al gobierno de Milei. Ambas fueron impulsadas por sintonías ideológicas y tanto Venezuela como Estados Unidos obtuvieron ganancias a cambio de su apoyo, tal como lo reveló hace algunas semanas el propio Scott Bessent, al referirse a las maniobras financieras del Tesoro estadounidense en la Argentina.
¿Quién tomó la deuda que pagó Néstor Kirchner?
La pregunta sobre quién tomó la deuda que luego canceló Néstor Kirchner remite a la década previa. Los datos oficiales del FMI indican que gran parte del endeudamiento respondía a programas acordados bajo la presidencia de Fernando de la Rúa y, en menor medida, de Carlos Menem. Entre pagos de capital e intereses, el gobierno de la Alianza desembolsó US$3.481,93 millones, pero recibió US$14.244,21 millones, principalmente derivados del “Blindaje” de 2000, un paquete de asistencia destinado a sostener la convertibilidad en su fase final. Ese flujo dejó un saldo neto negativo superior a los US$11.455 millones, que se convirtió en un componente central del pasivo heredado en 2003.
La deuda de Cristina
En el esgrima de relatos y contrarrelatos del kirchnerismo y el mileísmo, uno de los lances más habituales tiene que ver con si los gobiernos peronistas de la primera parte del siglo XXI desendeudaron el país tal como afirman.
Tras asumir la presidencia en 2007, Cristina Fernández de Kirchner reabrió el canje de deuda en 2010, elevando al 93% la proporción de títulos reestructurados. El 7% restante, integrado mayormente por fondos buitre, litigó contra el país, lo que mantuvo a la Argentina fuera de los mercados financieros internacionales durante más de una década.
Durante los doce años de gobiernos kirchneristas, la deuda nominal argentina pasó de alrededor de US$180.000 millones a más de US$240.000 millones. Sin embargo, su peso relativo en la economía se redujo significativamente, con una caída de la relación deuda/PIB al 52%. Ese descenso se explicó tanto por el crecimiento económico como por la creciente participación de deuda denominada en pesos, que pasó del 3% en 2001 a casi un tercio en 2015.
Ese proceso se revirtió con la llegada de Mauricio Macri, quien tras acordar con los holdouts reabrió el acceso al crédito internacional. La deuda volvió a crecer y, hacia 2019, superaba los US$320.000 millones, con una relación deuda/PIB que rozó el 90%. Su composición también cambió, con cerca del 80% emitido en dólares y un quinto del total correspondiente a organismos internacionales como el FMI.
La emisión acelerada en moneda extranjera terminó llevando al gobierno macrista a solicitar un nuevo acuerdo con el organismo, que fue -al igual que en la experiencia de De la Rúa- el comienzo del final de su Gobierno, perpetuando un ciclo de vaivenes que, dos décadas después del anuncio de 2005, sigue alimentando debates sobre autonomía financiera, sostenibilidad y el sentido político de las decisiones económicas.