La Argentina y el FMI cerraron el acuerdo por la reestructuración de la deuda

El Gobierno explicó que este acuerdo, conocido como el Acuerdo de Facilidades Extendidas, “permitirá al país refinanciar los compromisos asumidos en el fallido programa Stand By de 2018" que implicaba el pago de vencimientos de manera concentrada principalmente en 2022 y 2023.

El objetivo será “seguir generando condiciones de estabilidad necesarias para abordar los desafíos estructurales existentes y fortalecer las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo”.

El nuevo entendimiento consiste en “10 revisiones que se realizarán de manera trimestral durante dos años y medio”. De esta manera, indicaron que “el primer desembolso se realizará luego de la aprobación del programa por parte del directorio del FMI”.

Otro de los datos que detallan es que el período de repago de cada uno de esos desembolsos es de “10 años”, mientras que el período de gracia es de “cuatro años y medio”. De esta manera, significa que se podrá “comenzar a pagar la deuda a partir de 2026 y hasta 2034”.

Explicaron que ambas partes coincidieron en que el problema de la inflación en Argentina es un “fenómeno multicausal” y que deberá ser “tratado desde un enfoque integral”.

En ese sentido, agregaron que “se apunta a una reducción gradual de déficit fiscal”, mientras se da una recuperación de la actividad económica del país. Además, se presenta “en un marco de implementación de la política monetaria que redunde en tasas de intereses reales positivas para fortalecer la demanda de activos en pesos”.

El Gobierno asegura que este acuerdo permite alcanzar “un paquete equilibrado de medidas de gastos e ingresos” para continuar con “una política expansiva” y así “aumentar la inversión” para el futuro del país.

En relación a las jubilaciones, se reitera lo dicho por el presidente Alberto Fernández: “El acuerdo no prevé ninguna reforma previsional”. Por el contrario, “se prevé continuar con la mejora de los haberes” con la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria en la Ley 27.609.

Por otro lado, plantearon establecer “tarifas razonables” para los servicios de gas y electricidad. Para los usuarios residenciales, utilizarán el coeficiente de variación salarial para cada una de las revisiones que se realicen.

“También hay entendimiento en la importancia de impulsar políticas de crecimiento y resiliencia para abordar los cuellos de botella de largo plazo y sentar las bases de un crecimiento más sostenible e inclusivo”, reza un fragmento del texto.

Las mismas tienen como objetivo "potenciar el crecimiento y la diversificación de las exportaciones, la inversión y la productividad; el desarrollo económico local y regional; y el empleo formal", entre otras cosas.