Conocé el tope: a partir de qué monto ARCA controlará tu cuenta de Plazo Fijo en 2025

Los cambios en las políticas de control financiero despiertan atención entre ahorristas e inversores en todo el país. A medida que van saliendo comunicados oficiales del Gobierno, crece el interés por conocer los nuevos parámetros que definirá la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en relación con las cuentas de plazo fijo, una de las herramientas más utilizadas.

El seguimiento de las operaciones financieras siempre ha sido un punto sensible en la relación entre los contribuyentes y los organismos de control. Por eso, cada modificación en los montos permitidos o en los requisitos de supervisión genera inquietudes.

Cuál es el nuevo monto por el cual ARCA puede controlar tu saldo en el Plazo Fijo

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ARCA informó una fecha clave del 2025 que deben conocer todos los monotributistas.

En una conferencia de prensa, Juan Alberto Pazo, titular de ARCA, anunció los nuevos topes a partir de los cuales se activarán los controles sobre operaciones financieras destacadas.

Entre las principales novedades, se estableció que solo se reportarán transferencias bancarias que excedan los $50 millones. En el caso de extracciones en efectivo, el umbral será de $10 millones. Para los plazos fijos, las personas físicas podrán operar sin intervención de ARCA hasta los $100 millones, mientras que las personas jurídicas tendrán un límite de $30 millones.

Qué otros cambios definió ARCA

Con la implementación de estas nuevas normas, ARCA decidió suprimir varios regímenes de información que antes eran obligatorios. Ya no será necesario reportar:

• Compras personales realizadas con tarjeta de débito, crédito o billeteras virtuales.
• Transacciones de compra y venta de vehículos usados.
• Pagos de expensas inferiores a $32.000.
• Consumos significativos en servicios como luz, gas, agua y telefonía.
• Operaciones notariales registradas en CITI Escribanos.
• Transacciones inmobiliarias bajo el sistema COTI.

Asimismo, las entidades bancarias dejarán de exigir declaraciones juradas para autorizar operaciones que se mantengan dentro de los nuevos límites establecidos. Estas medidas buscan incentivar la regularización de capitales no declarados, facilitando la incorporación de fondos informales al sistema financiero sin sanciones fiscales ni trabas administrativas.