Los argentinos atraviesan una alarmante situación económica bajo el gobierno de Javier Milei: un 46,3% asegura que no llega a fin de mes y 8 de cada 10 tuvieron que modificar sus hábitos de consumo para afrontar la difícil situación.
El dato se extrae del último estudio realizado por una consultora privada, que analizó la situación económica de los hogares. Además, 8 de cada 10 personas modificaron sus hábitos de consumo para poder afrontar la difícil situación y más del 50% rechaza los vetos presidenciales a la ley de discapacidad y jubilaciones.
Los argentinos atraviesan una alarmante situación económica bajo el gobierno de Javier Milei: un 46,3% asegura que no llega a fin de mes y 8 de cada 10 tuvieron que modificar sus hábitos de consumo para afrontar la difícil situación.
El dato se desprende del último estudio realizado por la consultora Management & Fit que analizó la situación social y económica de los hogares. La ropa y el calzado, encabezan los principales recortes que se hacen para intentar poder cubrir los gastos mensuales, seguido de una baja en el consumo de carne y reemplazar productos de primera marca por alternativas más económicas.
Ante la consulta de ¿en qué situación se encuentra?, respecto a los ingresos por grupo familiar y la posibilidad de llegar a fin de mes, los resultados son tan contundentes como preocupantes: un 29,6% afirma que presenta "algunas dificultades", mientras que un 16,7% tiene "grandes dificultades".
El estudio también se encargó de medir la opinión pública de los argentinos sobre los recientes anuncios y medidas impulsadas por la administración libertaria, concluyendo en un alto nivel de desacuerdo en todos los casos.
Un 66,5% no acompaña el veto al aumento de las jubilaciones y la restitución de la moratoria, un 65,1% opina lo mismo sobre el veto presidencial al aumento de los sueldos a los profesionales del Hospital Garrahan, mientras que un 67,4% está en contra del veto a la ley de emergencia por discapacidad.
Además, un 54,2% no acompaña el recorte en las transferencias y recursos desde la gestión nacional hacia las provincias, y un 47,6$ está en contra de la privatización de AySA.