Escándalo en San Lorenzo: Marcelo Moretti, a indagatoria por presunta corrupción

La Justicia notificó a Marcelo Moretti, presidente del Club Atlético San Lorenzo, para ser indagado el 8 de julio por el presunto cobro irregular de 25.000 dólares por la incorporación de un menor a las divisiones inferiores, sin respaldo institucional ni ingreso formal del dinero.

La investigación de oficio se inició el 22 de abril por la Fiscalía especializada en eventos masivos de la Ciudad, tras la emisión de un informe periodístico. La causa busca determinar la responsabilidad penal de Moretti y de Francisco Carlos Sánchez Gamino, quien se desempeñaba al frente de la Dirección de Estudios para la Planificación Estratégica, dependiente de la Jefatura de Gabinete, en hechos que podrían constituir delitos graves contra la administración del club.

Además del presunto cobro irregular de 25.000 dólares por la incorporación de un menor a las divisiones inferiores del club, se investiga la contratación unilateral de un vuelo charter y alojamiento por 220.000 dólares para trasladar al plantel y a simpatizantes a Ecuador, con fondos del club y sin autorización de los órganos de control.

Los hechos están siendo investigados como defraudación por administración infiel (art. 173 inc. 7 CP) y, en el segundo caso, también como facilitación de grupos destinados a cometer delitos (Ley 24.192).

El Ministerio Público Fiscal, que encabeza Juan Bautista Mahiques, ordenó allanamientos en el club, en el domicilio de Moretti y en el de Sánchez Gamino, que culminaron con el secuestro de teléfonos celulares e inicio de pericias forenses sobre su contenido, la incautación de libros contables para su análisis, declaraciones testimoniales de todas las personas que aparecen en los videos difundidos.

También el requerimiento del video original (sin edición) a la productora que lo emitió, la solicitud de información a AFA respecto de la inscripción del menor, la solicitud de información a la aerolínea y al hotel de Quito, así como seguimiento de los pagos realizados para verificar el uso de fondos institucionales.

La Fiscalía también solicitó al juzgado interviniente que las causas que actualmente tramiten en los juzgados nacionales permanezcan en el fuero de la jurisdicción porteña.