Deportivo Español demandará a Ricardo Caruso Lombardi por usurpación, estafa y asociación ilícita

La dirigencia del club del Bajo Flores presentará una denuncia contra el exentrenador tras descubrir irregularidades en la concesión de dos canchas de césped sintético. La acción penal abarca delitos de administración fraudulenta y extorsión contra la comisión actual.

La dirigencia de Deportivo Español demandará penalmente a Ricardo Caruso Lombardi por los delitos de usurpación, estafa, administración fraudulenta y asociación ilícita, luego de que una auditoría interna encargada por la presidenta María Sol Méndez revelara que el exentrenador y exmanager del club del Bajo Flores obtuvo de forma ilegítima la concesión de dos canchas de césped sintético hasta 2036.

El mecanismo funcionó a través de Uriel Videtta y Zoe Capital, la firma de Leonardo Cositorto. El convenio no tuvo la aprobación de la Comisión Directiva ni de la Asamblea durante la gestión de Diego Elías. La institución nunca percibió el pago simbólico de $1.000.000 anuales y sufrió la restricción del uso del predio para las divisiones inferiores.

El ex director técnico amedrentó a los directivos para evitar la cancelación del contrato. Según denunciaron desde el club, Caruso Lombardi amenazó a los dirigentes con "matarlos" mediáticamente en TN Deportivo y en el canal de streaming Aura si mantenían la revocación del acuerdo.

La gestión irregular derivó en severas clausuras administrativas

Los concesionarios subalquilaron un espacio dentro del club para construir un buffet sin las autorizaciones correspondientes. Las obras vulneraron las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la legislación nacional aplicable.

La Agencia Gubernamental de Control clausuró el local gastronómico de forma definitiva tras aplicar varias sanciones previas. El espacio funcionaba sin habilitación operativa ni permisos de las autoridades locales.

El expediente penal suma gravedad porque Deportivo Español carecía del permiso de uso sobre las tierras al momento de la firma. El uso ilegal de inmuebles públicos para beneficio privado encuadra en las penas del artículo 181 del Código Penal.