Judiciales

El expresidente fue interrogado este miércoles en una comisaría de Brasilia. Negó haber tenido vínculos con los campamentos frente a los cuarteles del Ejército que derivaron en el asalto a los poderes el 8 de enero pasado.

Héctor Marchi consideró que su desplazamiento fue "una sanción encubierta" por su trabajo en la auditoria de la Obra Social del Poder Judicial.

"Si lo excarcelan y en el proceso no le sacan la licencia es un riesgo para toda la sociedad", dijo la hija de una de las víctimas a C5N.

Tras varias horas de deliberación, los oficiales fueron condenados por la denuncia de 28 mujeres, quienes sufrieron de su accionar entre septiembre de 2019 y enero de 2020. La semana próxima se conocerán las penas correspondientes.

La Cámara de Casación Penal aceptó el planteo de la querella a cargo de la abogada Valeria Carreras y Luis Tagliapietra por "temor de parcialidad" en la investigación.

El expresidente fue notificado para declarar ante la Policía Federal el próximo miércoles en la investigación por lo ocurrido en enero con los ataques al Congreso, el Tribunal Supremo y el Palacio del Planalto.

Thalía, la joven que vivió la violenta situación de Eloy Rivera con su novio, se encargó de dar detalles sobre la situación.

Durante la audiencia hablarán dos vecinos del lugar del hecho que observaron el arresto de Julián Salas y Joaquín Zuñiga, amigos del joven asesinado en noviembre de 2021. También testificarán ocho agentes de la Policía Federal Argentina.

La fiscal Marisa Monti solicitó la pena máxima para uno de los acusados por el crimen, ocurrido en 2017 en Lomas de Zamora.

Los camaristas justificaron la medida al asegurar que el acusado tendría vínculos con "fuentes de poder" y los recursos necesarios para entorpecer la causa o fugarse.

Silvia Pérez Vilor, madre de la adolescente violada y asesinada en 2017, leyó una carta frente a los jueces donde expuso sus argumentos. La Fiscalía pidió la absolución de Marcos Bazán, uno de los imputados por el femicidio.

Los datos surgen del sitio web de juicios de lesa humanidad en tiempo real que acaba de relanzar la Secretaría de Derechos Humanos.

La panelista de espectáculos fue denunciada por una vecina tras un hecho ocurrido en Escobar que la Justicia intenta clarificar. Cuál es la pena a la que estaría expuesta a la mediática, que también hizo una declaración sobre el hecho.

El fiscal Picardi presentó el pedido ante el juez Casanello quien tendrá que evaluar lo presentado por el funcionario judicial.

El próximo plenario será el miércoles 26 de abril, cuando se votarán más de 20 vacantes para jueces y funcionarios. Entre otros, se designará a los reemplazos de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

En la tercera audiencia del juicio a las 14 efectivos de la Ciudad acusados de matar y encubrir el crimen del joven de 17 años en 2021. También declararán los testigos que participaron de la recopilación de evidencias.

La Inspección General de Justicia encomendó al Departamento de Asuntos Judiciales la promoción "en forma inmediata" de una acción judicial de intervención contra el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad.

Cristian Javier Terraza, un ex agente de la Policía Federal Argentina, será juzgado por el crimen de su pareja, llamada Patricia Vanesa Gasparotti. El hecho sucedió en Virrey del Pino en 2006.

Luego de una parálisis de nueve meses, el organismo integró sus cinco comisiones y designó como vicepresidenta a la jueza Agustina Díaz Cordero.

En la madrugada del lunes, tres ladrones subieron al interno 87 de la línea 620 para robarle a los pasajeros. Un policía que iba a bordo les dio la voz de alto, se inició un tiroteo y un disparo alcanzó al Daniel Barrientos, el conductor. Hay dos sospechosos detenidos.  

Se trata de Gabriel, quien sería el primo de Alex, el primer detenido por el crimen de Daniel Barrientos, el chofer de la línea 620 ocurrido en La Matanza.

Lo dispuso el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, quien además le trabó embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $100. Es por incitación a la violencia.

Los camaristas entendieron que lo ocurrido podría enmarcarse dentro de los delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico militar. La mamá de la beba y su apropiador eran vecinos de cuarto en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires.